Según la información oficial elevada por la compañía, el ajuste se fundamenta en el fuerte incremento de los costos operativos: combustibles, mantenimiento de unidades, repuestos y actualización salarial. La empresa sostiene que la tarifa actual resulta insuficiente para sostener la prestación en condiciones óptimas y advierte que, sin una actualización de esta magnitud, el sistema podría enfrentar dificultades para mantener frecuencias y calidad de servicio.

Un aumento que impactaría de lleno en el bolsillo

La suba propuesta implica un salto de más del 300%, lo que convertiría al nuevo valor del boleto en un gasto considerable para miles de usuarios que dependen del transporte público para trasladarse diariamente. Para quienes utilizan el colectivo varias veces al día —trabajadores, estudiantes, adultos mayores— el impacto económico sería inmediato y significativo en un contexto ya marcado por la pérdida de poder adquisitivo.

Vecinos de distintos barrios expresaron su preocupación por un eventual incremento de esta magnitud, señalando que el transporte urbano es un servicio esencial y que una tarifa tan elevada podría limitar el acceso o forzar a muchas familias a replantear sus gastos cotidianos.

El Concejo deberá decidir

Ahora será el Concejo Deliberante quien evalúe el pedido de la empresa estatal, analizando los fundamentos técnicos, la estructura de costos y las eventuales alternativas para evitar que el aumento recaiga de manera plena sobre los usuarios. Legisladores municipales anticiparon que estudiarán con detalle la solicitud y que buscarán “una salida equilibrada”, aunque no descartaron discusiones intensas durante el tratamiento en comisión.

Entre los puntos a revisar aparecen posibles esquemas de subsidios, ajustes graduales o mecanismos compensatorios para sectores vulnerables, como jubilados, personas con discapacidad y estudiantes.

Un debate que pone en foco el futuro del transporte urbano

El pedido de UISE abre un debate de fondo sobre la sostenibilidad del sistema de transporte en Ushuaia: cómo garantizar un servicio eficiente y seguro sin que los costos recaigan de manera desproporcionada en los vecinos, y cómo avanzar en soluciones estructurales que permitan estabilizar la tarifa en un contexto económico extremadamente volátil.

Mientras tanto, la propuesta de elevar el boleto a $2.725 ya instaló una discusión inevitable: cómo equilibrar la necesidad de financiar el transporte público con el derecho de los usuarios a acceder a una tarifa justa y razonable.