En declaraciones a FM Provincia, Lechman remarcó que su postura no responde a presiones de ambientalistas ni de terceros, sino a la falta absoluta de información oficial.
“Lo malo ya lo conozco desde 2021. Nadie me mostró lo bueno. Nadie explicó cuántos puestos de trabajo reales generaría, ni el impacto ambiental, ni la inversión que dicen prometer. Con media biblioteca vacía, no puedo acompañar”, afirmó.

“El proyecto es incompleto y se trató de manera irregular”

El legislador recordó que el texto que se discute no es el proyecto original de Agustín Coto, sino uno “nuevo, modificado e ingresado por afuera del procedimiento normal”. Dijo que esa maniobra le impidió avalar la sesión de Comisión 3 en Río Grande:
“No participé porque no iba a convalidar una metodología que no comparto”.

Sobre la denuncia judicial presentada por organizaciones ambientales por un presunto dictamen irregular, Lechman evitó pronunciarse, pero admitió que el conflicto interno entre la presidenta y la vicepresidenta de la comisión deja dudas.
“La mitad de la biblioteca dice que fue irregular y la otra mitad dice que fue conforme al reglamento. Como no soy autoridad, prefiero reservarme la opinión”, expresó.

“No conozco a ningún inversor real”

Consultado sobre las promesas oficiales de empleo y desarrollo, fue categórico:
“No conozco un solo proyecto real de inversión. No sé quiénes son los interesados, cuánto piensan invertir ni qué impacto ambiental tendría. No tengo un solo dato para defender este proyecto”.

Para Lechman, la provincia se expone a “abrir una puerta peligrosa”.
“Después viene cualquiera, hace cualquier cosa y vamos a llorar sobre la leche derramada”, advirtió.

Sobre YPF y Terra Ignis: “Tratarlo sobre tablas sería una irresponsabilidad”

El legislador también se refirió al convenio entre el Gobierno provincial e YPF para la cesión de áreas hidrocarburíferas. Señaló que el tema fue girado a comisión, pero rechazó la idea de aprobarlo sin análisis profundo.

“Sería una locura tratarlo sobre tablas. Ingresó recién el lunes. Hay que discutir pasivos ambientales, costos reales y beneficios para la provincia. No es un trámite porque lo pide el Gobierno. Yo no puedo ser irresponsable”, señaló.

Y concluyó:
“Este acuerdo puede traer muchos beneficios, pero también muchos perjuicios. La seriedad debe estar por encima de cualquier urgencia política”.