USHUAIA.- Las entidades que agrupan a los taxistas y remiseros de Ushuaia ingresaron un nuevo proyecto de ordenanza con el objetivo de encauzar el transporte de pasajeros que se realiza mediante plataformas digitales como Uber. Esta presentación reactiva la polémica que se había instalado en mayo del actual año con una propuesta previa que no había logrado avances sustanciales.

Si bien la finalidad principal se mantiene —constituir un marco legal para el funcionamiento de las aplicaciones de transporte dentro del ejido municipal—, el texto presentado ante el Concejo Deliberante el miércoles 9 de noviembre introduce importantes modificaciones. Entre ellas, se destaca la creación de un esquema de puntaje, la definición de un número máximo de permisos, la limitación de licencias por persona y la concentración del poder de fiscalización en el Municipio.

De un marco abierto a un esquema de control estricto

El borrador anterior, presentado en mayo por la Asociación de Propietarios de Taxis, proponía reconocer el servicio por plataformas como un transporte privado de interés público, con exigencias similares a las que rigen para los taxis convencionales.

Esta nueva versión, sin embargo, se orienta hacia un modelo de control selectivo y de cupos determinados, donde la Secretaría de Gobierno junto a la Dirección de Transporte asumen la potestad de habilitación, registro y aplicación de sanciones.

Uno de los puntos centrales del debate es la creación del Registro Municipal de Transportistas Digitales. Este registro contempla un máximo de 500 nuevas habilitaciones destinadas a vehículos de plataformas, un número que complementaría las 500 licencias ya existentes entre taxis y remises. Así, el parque automotor total autorizado no podría sobrepasar las 1.000 unidades operando en la ciudad.

En el texto de mayo, esta restricción figuraba únicamente como una posibilidad "sujeta a la realización de estudios de mercado". Ahora, el cupo queda establecido por la ordenanza, lo cual configura una barrera específica para la incorporación de nuevos actores al sistema.

Criterio por puntaje y restricción de titularidad

Otra de las variantes introducidas es el Sistema de Puntaje de Habilitación, que exige un piso de 50 puntos para conseguir el permiso. Entre los factores que se toman en cuenta para sumar puntos se incluyen: la residencia en Ushuaia, que otorga 10 puntos; la radicación local del vehículo, también con 10 puntos; la experiencia comprobada en transporte, con 10 puntos más; la presentación de certificados preventivos y de negatividad de ANSES o REDAM, que suman 5 puntos cada uno; y la realización de formación en transporte seguro, con 10 puntos adicionales.

La autoridad municipal tendrá la capacidad de modificar dicho puntaje mediante una resolución, lo cual confiere un amplio margen de aplicación discrecional al sistema.

Además, el proyecto prohíbe que un mismo individuo pueda ser titular o cotitular de más de una habilitación. Este apartado busca evitar la concentración de licencias o el uso de terceros para la operación de los vehículos.

Requisitos técnicos más flexibles

A diferencia de la propuesta de mayo, que establecía una antigüedad máxima de seis años para los vehículos y exigía que el chofer fuera el dueño del auto, la nueva iniciativa extiende el límite de antigüedad a 10 años y elimina la obligación de propiedad.

Asimismo, ya no incluye los aranceles, cánones ni las exigencias tributarias expresadas en Unidades Fiscales de Aforo (UFA) que sí se detallaban en el borrador anterior, lo que implica una simplificación importante del esquema.

Se mantienen las exigencias esenciales: Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día, seguro de pasajeros y aire acondicionado, pero con una estructura más sencilla y compatible con la operatoria actual de las aplicaciones.

Esquema de tarifas locales y sanciones previstas

El documento define un sistema tarifario de carácter mixto, compuesto por una base mínima de cumplimiento obligatorio y un componente variable que debe ser informado al usuario antes de iniciar el viaje. También prevé un régimen de sanciones por infracción, que van desde multas económicas hasta la baja definitiva del registro.

El cambio de enfoque de los gremios del transporte local demuestra una estrategia más terrestre. Frente a la imposibilidad de vetar la operación de Uber, que ya está activa en la ciudad sin reconocimiento legal, las asociaciones buscan instalar un marco de fiscalización que ponga límites a la expansión y mantenga a resguardo el sistema de transporte tradicional.