La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, trazó un diagnóstico severo sobre el escenario económico y social que atraviesa la ciudad mientras continúa el análisis legislativo del Presupuesto 2025. En diálogo con Radio Provincia, la edil confirmó que todos los bloques siguen recabando información de las áreas que expusieron y que el objetivo es “llegar a una sesión en la primera quincena de diciembre” con las modificaciones necesarias.
Zamora remarcó que la discusión presupuestaria se desarrolla sin referencias nacionales ni provinciales, ya que ninguno de los dos niveles del Estado cuenta con su propia ley de gastos aprobada. “Estamos presupuestando en un contexto donde no sabemos si habrá debate legislativo, si habrá decretos o si se avanzará con reformas fiscales profundas”, observó.
La concejal describió una caída marcada del consumo, acompañada por despidos en el sector privado y un endeudamiento familiar que “tiene cifras alarmantes”. Señaló que muchas familias “no llegan ni al mínimo de la tarjeta” y enfrentan juicios ejecutivos de prestamistas.
“A la gente no le alcanza ni para comer, mucho menos para pagar impuestos”, afirmó Zamora, poniendo en duda las proyecciones de recaudación municipal. También mencionó aumentos que agravan la situación: siete subas de combustibles en 20 días, un 20% de incremento en la carne, alquileres que superan los $700.000, y tarifas de gas que, según INDEC, escalaron 903%.
Zamora volvió a plantear la necesidad de concretar convenios con OSEF y otras obras sociales, dado que una enorme proporción de los pacientes que se atienden en el sistema municipal pertenecen a la obra social estatal. “Si estos acuerdos se firman con privados, deberían también darse con el municipio”, enfatizó.
Aseguró que el fortalecimiento financiero permitiría sostener áreas sensibles como rehabilitación en Mamá Margarita, atención de primeras infancias y acompañamiento a niños neurodivergentes, donde “el municipio cubre prestaciones que exceden incluso lo previsto por la Carta Orgánica”.
La presidenta del Concejo admitió preocupación por el fin de año, un período históricamente sensible en la zona norte de la provincia. Con el Estado nacional retirándose de funciones esenciales y un Estado provincial con limitada capacidad de respuesta, advirtió que las demandas sociales recaen de forma directa sobre Río Grande.
“Hay una baja del consumo, pérdida de empleos, salarios pisados y más familias endeudadas. Y, al mismo tiempo, los municipios deben sostener los servicios básicos: agua potable, basura, iluminación, mantenimiento vial. Es un desafío enorme”, planteó.
Durante el tratamiento presupuestario también se abordó el desarrollo de un protocolo de actuación para denuncias de violencia de género contra funcionarios públicos, una herramienta que Zamora impulsa desde hace meses. A la par, destacó el fortalecimiento de programas formativos, oficios con salida laboral y el acompañamiento a mujeres emprendedoras.
Zamora sostuvo que diariamente reciben pedidos de ayuda de familias que aún teniendo empleo recurren a módulos alimentarios o asistencia directa. “Hoy vestir a un niño se volvió un lujo. La gente no puede pagar servicios de 100 mil pesos, ni alquileres de 800 mil. La situación es muy triste”, dijo.
Finalmente, llamó a encarar el escenario con responsabilidad y sin chicanas políticas: “Esto no es para generar alarma, es para ser realistas. Ojalá se revierta, pero hoy la crisis está y la vemos todos los días”.