La Municipalidad de Ushuaia oficializó la creación de una nueva dirección política: la Dirección de Tareas Prioritarias. Así se suma a otras recientes aperturas municipales como la Dirección de Mayordomía, la Dirección de Bienestar Laboral y la Dirección de Baches. El conjunto de estas estructuras representa un incremento del aparato político municipal, con los costos que ello implica.
La decisión, comunicada recién esta semana, generó reacciones críticas en sectores de la oposición y de la comunidad que advierten sobre el impacto presupuestario en tiempos de ajuste económico.
Según el organigrama oficial municipal, la Dirección de Tareas Prioritarias depende de la Subsecretaría de Servicios Públicos —a su vez bajo la Secretaría de Planificación e Inversión Pública—, y su misión declarada es coordinar “trabajos inmediatos” que requieran ejecución urgente, articulando tareas con distintas áreas, colaborando en obras por administración y respondiendo a contingencias que demanden acción rápida.
En la práctica, esto supone asignar recursos humanos y presupuestarios adicionales para atender “prioridades” que podrían corresponder a dependencias ya existentes, lo que alertó a analistas sobre posibles duplicaciones y falta de eficiencia.
La creación de este nuevo cargo político se produce en un contexto de ajuste económico, inflación y restricción de recursos públicos. En los últimos meses, han proliferado direcciones municipales —Mayordomía, Bienestar Laboral, Baches— generando una estructura municipal cada vez más abultada.
Quienes cuestionan la medida señalan que ese crecimiento contrasta con la necesidad urgente de priorizar servicios esenciales: mantenimiento urbano, atención social, infraestructura, servicios públicos. La contraposición entre nuevos cargos políticos y demandas comunitarias refuerza el debate sobre la eficiencia y la orientación del gasto público.
La creación de nuevas direcciones y cargos políticos contrasta con el mensaje que la propia comunidad expresó en las urnas: más del 60% de los votantes rechazó la continuidad del rumbo municipal, reclamando una gestión más austera, eficiente y enfocada en resultados concretos. Sin embargo, lejos de interpretar ese mandato ciudadano, el Ejecutivo parece insistir en ampliar su estructura política en lugar de optimizarla, profundizando la distancia entre las prioridades de la gestión y las necesidades reales de los vecinos.