“Siete años lo tuvieron manoseando al expediente. Y de repente, en tres días, un juez subrogante la leyó completa y votó. Nunca se vio algo así”, sintetizó Giménez, en una frase que resume el núcleo de su denuncia.

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Una causa que estuvo paralizada y un cierre acelerado

El abogado recordó que el expediente permaneció detenido en el Superior Tribunal durante años, sin avances sustanciales. Según explicó, la causa recién se movió cuando aumentó la presión pública y mediática producto del conflicto político por la reforma constitucional.

“Saltó la coneja porque hubo presión mediática. Y eso le hace mal a la Justicia. No puede funcionar a golpe de opinión pública”, advirtió.

También cuestionó la intervención del juez subrogante designado el 28 de noviembre, quien en apenas tres días analizó una causa voluminosa y adhirió al voto favorable al gobernador:
“Es insólito. Tres días para estudiar semejante volumen de prueba no es serio.”

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“Nunca se investigó. Jamás se quiso investigar.”

Giménez sostuvo que la causa se cerró sin haber atravesado una investigación real.
“Mienten cuando dicen que se garantizó la participación de la querella. Nunca se tomó una sola prueba clave”, afirmó.

Entre las medidas que nunca se realizaron, destacó:

• La constatación del domicilio del gobernador, una prueba básica en casos de abuso sexual para verificar las descripciones de las víctimas.

• El análisis profundo de audios del propio Melella, en los que preguntaba cuántas personas llegaban del norte y cuándo arribaban a migraciones.

• La evaluación penal del uso de fondos públicos, que el STJ redujo a una supuesta irregularidad administrativa.

“Si el imputado hubiera sido cualquier vecino, ya estaría sentado en un juicio oral. Había relatos, audios, chats, transferencias. Pero no se quiso investigar”, insistió.

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Vulnerabilidad extrema y abuso de poder

Giménez describió el contexto de los denunciantes: albañiles traídos del norte, viviendo en precariedad, contratados para pequeñas obras municipales y luego presuntamente presionados con la falta de pago.

“Si querés cobrar, vení”, resumió al citar los chats existentes en el expediente.

Uno de los trabajadores explicó por qué no se resistió físicamente a la agresión sexual:
“Soy un pobre hombre del norte. Él es la autoridad. Si yo lo golpeaba, ¿a quién le iban a creer?”

Giménez remarcó que esta asimetría de poder fue ignorada por los jueces:
“Acá hubo abuso de poder, vulnerabilidad absoluta y un uso perverso del dinero público.”

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“Esta causa tiene una faja para que no salga de la provincia”

Consultado sobre la posibilidad de recurrir a instancias superiores, Giménez fue contundente:
“Le pusieron una faja de clausura para que no pueda ir a órganos nacionales o supranacionales. Solo podría reabrirse si aparece prueba nueva, pero la prueba estaba: nunca la tomaron.”

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Responsabilidad del STJ y el caso Löffler

El abogado también se refirió al tratamiento desigual entre magistrados:
“Si a Löffler lo quieren destituir por demorar tres meses una causa, ¿qué hacemos con quienes demoraron siete años este expediente? La vara debe ser la misma para todos.”

Señaló directamente a los jueces que intervinieron:
“Los responsables del retardo son Sagastume, Battaini y Muchnik . Y el juez Fernández deberá explicar cómo resolvió semejante expediente en 48 horas.”

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Fiestas, lujos y desconexión con la realidad

Uno de los tramos más filosos de su crítica apuntó al comportamiento del Superior Tribunal en medio de la crisis provincial. Según Giménez, mientras miles de fueguinos padecen problemas económicos, el STJ realiza eventos en hoteles de lujo financiados con recursos públicos.

“El problema en Tierra del Fuego es moral. Hay una connivencia obscena entre funcionarios y jueces. Y mientras la provincia está fundida, el STJ está de festín en Las Hayas. Es intolerable”, afirmó.

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Advertencia final: “Habrá consecuencias institucionales”

Giménez cerró con un mensaje que apunta directamente al futuro político y judicial:
“En algún momento, la provincia va a pedir cuentas a quienes contribuyeron a este estropicio institucional. Esto no termina acá. La responsabilidad no es solo del gobernador: es de todos los que participaron en este cierre vergonzoso.”

Y remató:
“La Justicia aplicó una vara para Melella y otra para el resto de los ciudadanos. Esa desigualdad es la raíz de la crisis que vivimos.”