Las declaraciones en FM del Pueblo, surgieron tras la jornada de sensibilización y prevención encabezada por la jueza federal Mariel Borruto, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y destinada a capacitar a organismos provinciales, municipales y fuerzas de seguridad. El objetivo fue reforzar herramientas de detección temprana y asistencia a víctimas, en una problemática que, aunque menos visible, sigue vigente.

Vicente explicó que la legislación argentina no penaliza la prostitución, pero sí la explotación, es decir, cuando un tercero obtiene un beneficio económico por el trabajo sexual o laboral de otra persona. Señaló que muchos casos llegan al Juzgado con indicios claros de explotación: endeudamiento impuesto, retención de ganancias, control de movimientos, ofertas laborales engañosas o porcentajes que terceros cobran sobre el desempeño de la víctima.

Recordó que entre 2008 y 2015 Río Grande atravesó un auge de criminalidad vinculada a explotación sexual. Si bien ese volumen disminuyó, la gravedad de los casos actuales se mantiene. “La magnitud bajó, pero no la importancia. Las denuncias siguen llegando constantemente”, afirmó. A esto se suma que, por la distancia con Buenos Aires, la actuación rápida de organismos provinciales y municipales es fundamental para asistir a víctimas, especialmente desde la pandemia.

El secretario también señaló que la trata laboral sigue siendo una preocupación en la región, con situaciones que comienzan como una oferta de empleo y terminan en endeudamiento, engaños, jornadas abusivas o cambios bruscos en las condiciones de trabajo. Indicó que Tierra del Fuego, por su lejanía geográfica y la demanda de mano de obra, ha sido históricamente un territorio de recepción de víctimas.

Vicente insistió en la importancia de que la ciudadanía pierda el miedo a denunciar. Subrayó que cualquier persona puede aportar información sin identificarse, mediante la línea 145 o el 101, y que no es necesario tener pruebas, sino simplemente advertir una situación sospechosa. “Si hay explotación, alguien que obtiene un porcentaje, endeudamiento o control, eso debe llamar la atención. La comunidad puede y debe avisar sin exponerse.”

La jornada encabezada por la jueza Mariel Borruto buscó precisamente reforzar esta mirada preventiva. Desde la Justicia Federal destacaron que, en tiempos de crisis económica, aumentan las vulnerabilidades y se multiplican las situaciones de riesgo, por lo que resulta clave que organismos y ciudadanos sepan reconocer señales de alerta y actuar a tiempo.