USHUAIA.- El referente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y vocal por los afiliados activos ante la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Franco Tomasevich, motorizó un convenio de alto impacto económico. El acuerdo fue sellado con la prestadora privada SANOS Salud y tiene como objeto garantizar la cobertura médica a los beneficiarios de la provincia que residen en Córdoba. La decisión se tomó a menos de treinta días de que el funcionario deba dejar su puesto.

Según la documentación a la que tuvo acceso este diario, el esquema de costos presentado por SANOS establece una cuota fija de $150.000 por cada afiliado, monto que se ajustará por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este compromiso implica que la OSEF deberá afrontar un gasto que supera los $180 millones de pesos por mes, una cifra que tensionará de manera directa las ya deterioradas finanzas de la institución, que arrastra deudas con proveedores y demoras en los pagos a las farmacias.

La rúbrica de este contrato se tramitó con una inusual celeridad. Si bien Tomasevich cesará en sus funciones en el mes de diciembre, aún mantiene la influencia en áreas sensibles de la obra social, como la Dirección de Compras y la gestión de medicamentos, sectores donde la injerencia del SUTEF es notoria.

Fuentes internas consultadas por este medio interpretan que esta maniobra constituye un intento de "blindar" la institución con acuerdos fijos. La finalidad sería dejar comprometida a la OSEF con resoluciones de enorme peso financiero antes de que se produzca el recambio de la conducción.

Una empresa con antecedentes

La firma SANOS Salud, perteneciente al grupo TN Group, se presenta como una prestadora integral con red propia en Córdoba, Buenos Aires, Ushuaia y Río Grande. Sin embargo, la trayectoria de la empresa no está exenta de controversia. En Santa Cruz, la prestadora enfrenta denuncias públicas; el 14 de noviembre de 2025, El Diario Nuevo Día consignó el caso de una paciente oncológica de Río Gallegos que aseguró que la empresa no había cubierto su tratamiento de quimioterapia ni la provisión de medicamentos, poniendo en riesgo su salud.

Esta situación, sumada a la ausencia de antecedentes de la empresa en la atención de afiliados de la OSEF, abre grandes interrogantes respecto a la metodología utilizada para seleccionarla. Además, genera dudas la decisión de avanzar con la contratación sin un llamado a licitación o concurso público previo.

Se suma a este panorama que SANOS mantiene lazos estrechos con diversos gremios a nivel nacional, incluyendo sindicatos con representación activa en Tierra del Fuego. Esta conexión alimenta las sospechas sobre un posible entrecruzamiento de intereses de carácter sindical y decisiones administrativas.

En ese contexto, el rol de Tomasevich como representante gremial vuelve difusa la línea divisoria entre la función pública y los intereses del sector que representa.

Dentro de una obra social que padece el faltante de medicamentos, la dilación en los tratamientos y acusaciones de privilegios, la nueva contratación profundiza la sensación de que el vocal busca terminar su período asegurando compromisos monetarios de relevancia antes de su salida.