USHUAIA.- Las organizaciones, colectivos y comunidades que conforman el movimiento ‘No a las Salmoneras’ pusieron en alerta a la sociedad fueguina por la delicada coyuntura de la Ley 1355. Dicha normativa prohíbe la radicación de la industria de la salmonicultura en el archipiélago desde el año 2021, siendo considerada un paradigma de resguardo socioambiental a nivel global. En los últimos meses, facciones del Ejecutivo provincial y nacional, secundados por legisladores que responden a intereses sectoriales, impulsaron gestiones tendientes a alterar la letra o a dejar sin efecto esta legislación.

El pasado 19 de noviembre de 2025 se produjo un intento en la Legislatura provincial para debatir el expediente que elevó el Poder Ejecutivo. El objetivo era modificar la Ley 1355 y de ese modo habilitar la producción salmonera en Tierra del Fuego. Al no alcanzar las bancadas el número de votos necesario, la sesión fue interrumpida. La argumentación oficial se centró en supuestos conflictos gremiales con APEL, una versión que fue desmentida públicamente por los propios referentes sindicales.

Lejos de archivar la iniciativa, los parlamentarios convocaron a una nueva sesión especial pautada para el próximo jueves 11 de diciembre de 2025. Las entidades ambientalistas advierten que en este encuentro, de lograr reunir los votos necesarios, se podría concretar la modificación de la reglamentación. Por ello, la coyuntura es de extrema sensibilidad e impone una respuesta inmediata de la ciudadanía fueguina.

El deterioro de las formas institucionales que rodea este debate se hizo patente el 8 de agosto de 2025. En esa fecha, una reunión de comisión que se celebraba en Río Grande, y que contaba con la participación de entidades civiles, pueblos originarios y público en general, fue abruptamente suspendida y pasada a cuarto intermedio por su titular, la legisladora María Laura Colazo.

Sin embargo, tras el retiro del público presente y sin la participación de la presidenta ni de los miembros oficiales de la comisión, los legisladores Myriam Martínez (Forja), Juan Carlos Pino (Partido Justicialista), Agustín Coto (La Libertad Avanza) y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin) firmaron un dictamen apócrifo. Esta acción, realizada a espaldas de la población, permitió avanzar con el tratamiento legislativo del proyecto para cambiar la Ley 1355, configurando una situación de gran gravedad institucional. Este accionar vulnera los principios de transparencia, participación ciudadana y respeto por los procesos legislativos establecidos.

Según las denuncias de las agrupaciones, estas movidas responden a una fuerte presión ejercida desde la Casa Rosada, encabezada por el presidente Javier Milei, quien promueve el establecimiento de industrias de alto impacto ambiental en diversos puntos del país. En la provincia austral, estas directivas se canalizan a través del gobernador Gustavo Melella, la ministra de Producción y Ambiente Karina Fernández y el titular de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Diego Marzioni. Este último ha sido señalado por su rol en la avanzada a favor de la salmonicultura.

La eventual modificación de la Ley 1355 pondría en evidencia una preocupante cesión de la autonomía provincial y una subordinación a los intereses corporativos. Estos intereses estarían vinculados directamente a los empresarios Rubén Cherñajovsky y la familia Caputo, actores económicos de peso con una considerable influencia en la región.

El emplazamiento de criaderos de salmón en Tierra del Fuego acarrearía serios perjuicios. Estos incluyen la introducción de especies no nativas y depredadoras que alterarían de modo grave el equilibrio de la fauna marina. Se suma el alto consumo de energía que requieren los sistemas RAS, lo que agravaría la ya existente crisis energética en la provincia. Además, la producción arrojaría salmones que no son aptos para una alimentación segura y sustentable, debido al uso de medicación, antiparasitarios y harinas contaminantes. El riesgo de enfermedades laborales y muertes de trabajadores se acrecentaría, tal como lo demuestra el caso chileno, donde se registraron 83 decesos entre 2013 y 2025.

El historial de catástrofes socioambientales documentadas por empresas salmoneras en Chile es extenso. Entre ellas se destacan derrames de combustible, polución constante y el descarte masivo de peces muertos, como las nueve mil toneladas vertidas en Chiloé en el año 2016. A su vez, esta actividad extractivista pondría en riesgo directo a la pesca artesanal y la actividad turística, ambos pilares fundamentales para la matriz económica fueguina.

Es importante recordar que la Ley 1355 se aprobó por unanimidad el 30 de junio de 2021. Dicha legislación fue el resultado de tres años de participación activa de la ciudadanía, la comunidad científica, pescadores, pueblos originarios y agrupaciones ambientalistas. Sus fundamentos no han sufrido alteraciones: los efectos nocivos de la salmonicultura se mantienen, y la evidencia internacional lo ratifica año tras año. Las entidades denuncian que la única motivación para intentar su modificación es atender intereses financieros que son ajenos al bienestar de la comunidad local.

Bajo la consigna “NO queremos salmoneras ni en la tierra ni en el mar”, las organizaciones convocan a la totalidad de la comunidad fueguina a manifestarse este jueves 11 de diciembre de 2025, a las 11 horas. Los puntos de encuentro serán en Ushuaia, en la calle Yaganes 589/595, y en Río Grande, en la calle Perito Moreno 187. La participación popular resulta el elemento principal para poner un freno a este retroceso socioambiental y para resguardar una conquista colectiva que busca proteger la integridad del archipiélago fueguino.

Finalmente, las entidades ratifican su postura. El No a las salmoneras se basa en el riesgo ecológico, energético, sanitario y laboral, en la vulneración de derechos ambientales y sociales, y porque su instalación implica un modelo extractivista incompatible con la vida del territorio. El Sí se reafirma en el conocimiento ancestral Selk’nam y Yagán y los derechos de la naturaleza, la pesca artesanal y la soberanía alimentaria, y en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT.