USHUAIA.- Un estudio de carácter nacional volvió a ubicar al Concejo Deliberante de esta ciudad entre las estructuras políticas más costosas de Argentina. Con un desembolso anual que asciende a 907 millones de pesos por edil, y un promedio de $114.075 por vecino, las cifras ponen en evidencia una estructura institucional que absorbe recursos millonarios en un contexto donde la Ciudad capital acumula deterioros en la traza urbana, obras inconclusas y servicios esenciales deficientes.

Un informe elaborado recientemente por la Fundación Libertad volvió a posicionar al Deliberativo de Ushuaia en el segmento más alto de estructuras legislativas municipales. El estudio, realizado sobre una muestra de 76 ciudades argentinas, determinó que cada concejal de la capital fueguina implica un gasto anual de 907 millones de pesos, una cifra que solo es superada a nivel nacional por los Deliberativos de San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy.

Sin embargo, el indicador más contundente señala a Ushuaia como la Ciudad que encabeza el ranking de gasto legislativo por habitante, con $114.075 por vecino. Esta cifra supera con holgura a otras ciudades patagónicas que también se encuentran en el listado de las más onerosas, como Río Gallegos, con $84.065, y Río Grande, con $80.142.

Mientras el Concejo absorbe casi mil millones de pesos por cada uno de sus integrantes, la Ciudad de Ushuaia continúa exhibiendo una postal preocupante de baches crónicos, calles destruidas y obras frenadas o directamente inexistentes. A ello se suman los servicios públicos irregulares, la ausencia de planificación urbana y una perceptible falta de controles. El interrogante para los especialistas es irrenunciable sobre la gran erogación en el sistema legislativo y, al mismo tiempo, uno de los servicios municipales más deteriorados.

El estudio de la Fundación Libertad detalla el contraste a nivel nacional. En promedio, las legislaturas municipales en todo el país representan el 3,26% del presupuesto de cada Comuna. No obstante, algunas ciudades distorsionan ese promedio: Posadas destina el 14,8%; Formosa capital, el 13,7%; San Juan y Eldorado, el 9% cada una; y San Salvador de Jujuy, el 8,5%, lo que se traduce en un equivalente a 12.113 millones de pesos. Ushuaia destina el 7,48%, equivalente a 907 millones por edil. Si bien el informe no desagrega el porcentaje exacto para Ushuaia, la capital fueguina figura nuevamente en el top de gasto total, gasto por integrante del cuerpo y es la primera en gasto por habitante.

Esto ha generado un interrogante entre los especialistas en administración pública: ¿Ushuaia está gastando con una lógica propia de capital de un país nórdico, pero ofreciendo niveles de gestión urbana de un municipio que se percibe abandonado?

Otro de los datos sensibles del análisis nacional señala que el 85% de los presupuestos legislativos se destina al pago de haberes, una cifra que en algunas ciudades llega hasta el 99%.

A pesar de que Ushuaia no se encuentra entre los casos más extremos en términos de proporción salarial, su presupuesto supera ampliamente la media nacional. Ello se da sin que se observe una correlación con mejores resultados en gestión, controles más eficientes o una producción legislativa que pueda justificar semejante volumen de erogación.

En relación al informe, tanto desde el bloque oficialista como desde la oposición, algunos ediles habrían deslizado off the record que el informe “no contempla las particularidades de Ushuaia” y que el presupuesto se justifica por el “crecimiento administrativo y a la demanda institucional”. Otros concejales, consultados informalmente, habrían reconocido que “el número es alto”, pero aseguraron que los gastos “están dentro de los parámetros históricos del Concejo”.

Al analizar la evolución histórica, el presupuesto del Concejo Deliberante ha aumentado sistemáticamente muy por encima de la inflación general. Además, creció más rápido que el presupuesto de áreas consideradas sensibles, como Obras Públicas, Servicios Urbanos o Tránsito. Esta expansión no produjo incrementos equivalentes en transparencia, digitalización o participación ciudadana. Un análisis de ejercicios anteriores sugiere que la estructura política se expandió de modo notorio mientras que los indicadores urbanos, en general, empeoraron.

Este expediente llega en un momento de marcada tensión política en la jurisdicción y podría tener importantes repercusiones. Presiona al Ejecutivo municipal, que verá cuestionada la eficiencia general del gasto; incomoda al Concejo, que venía intentando mostrarse como un organismo moderno y transparente; y alimenta el malestar vecinal en un contexto de tarifas elevadas, inflación y servicios municipales que no dan abasto. El tema se instala de lleno en el debate público sobre el tamaño del Estado y la impostergable necesidad de reformas institucionales. El dato de que “cada concejal cuesta 907 millones de pesos” podría convertirse en el latiguillo más repetido por la oposición y, sin dudas, por los vecinos que reclaman una ciudad más eficiente y menos burocrática.