Mientras decenas de familias y personas con discapacidad comenzaron a recibir notificaciones de baja de beneficios del RUPE, el Gobierno de Tierra del Fuego avanzó en la aprobación de contratos millonarios para el alquiler de vehículos con chofer, en una decisión que expone con crudeza las prioridades del ajuste provincial: recortar derechos sociales mientras se sostienen gastos obscenos en la estructura del Estado.

En el transcurso de la última semana, personas alcanzadas por la ley de discapacidad denunciaron que fueron dadas de baja del Régimen Único de Pensiones Especiales a través de una movida administrativa unilateral, sin instancias reales de revisión, diálogo ni acompañamiento. La decisión dejó a muchas familias sin un ingreso esencial para afrontar tratamientos, medicamentos y necesidades básicas en una provincia con alto costo de vida.

Doble castigo y falta de acompañamiento

“Te sacan la pensión de un día para el otro, sin explicaciones claras. No es un ajuste técnico, es dejarte solo”, relataron familiares de beneficiarios, que aseguran que la medida forma parte de una política de recorte silencioso para achicar el gasto social.

El contraste es brutal. En paralelo a estas bajas, el Ejecutivo provincial aprobó una licitación por casi 500 millones de pesos para contratar vehículos con chofer destinados a traslados dentro de un ministerio, según consta en la documentación oficial. El monto generó indignación en distintos sectores, no solo por su magnitud, sino por el contexto en el que se autoriza: ajuste sobre los sectores más vulnerables y expansión del gasto en contrataciones estatales de alto costo.

Ajustan en la ayuda a la discapacidad

No se trata de un hecho aislado. Durante 2025 ya se habían conocido otros contratos similares por cifras millonarias, con costos mensuales que superan ampliamente los ingresos de trabajadores y jubilados fueguinos. Sin embargo, esta vez la polémica se profundiza por la simultaneidad con las bajas del RUPE.

Organizaciones sociales y referentes vinculados a la discapacidad advierten que estas decisiones evidencian una jerarquización perversa del gasto público. “Se ajusta con personas con discapacidad para seguir financiando privilegios del Estado”, señalaron, al tiempo que reclamaron la revisión inmediata de las bajas y la restitución de los beneficios.

El debate ya está instalado y golpea de lleno la credibilidad de las políticas sociales provinciales. Mientras se multiplican los reclamos de familias que quedaron sin asistencia, el Gobierno deberá explicar por qué el ajuste cae sobre quienes menos tienen, mientras se firman contratos millonarios que muchos califican de innecesarios y ofensivos.

En Tierra del Fuego, esta claro: no hay plata para la discapacidad, pero sí para gastos que rozan el despilfarro.