Por: Ramón Taborda Strusiat
En declaraciones a La Mañana de la Tecno (Radio Universidad 93.5), la legisladora provincial Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) expresó su “profunda preocupación” y su “malestar institucional” por la segunda reunión frustrada entre la Caja de Retiros de la Policía, el Ejecutivo provincial y los policías territoriales jubilados, convocada en el ámbito de la Comisión 6 de la Legislatura.
La parlamentaria denunció que, a solo diez minutos del inicio, ingresó una nota solicitando reprogramar el encuentro, pese a que la presencia del directorio de la Caja había sido confirmada. “Es una falta de respeto inaceptable”, afirmó.
Gracianía describió una situación “angustiosa y desesperante” entre los 540 retirados territoriales que desde julio dejaron de percibir el 50% de sus haberes, incluido el medio aguinaldo.
“Muchos se comieron los ahorros, otros están endeudados o no pueden comprar medicamentos ni garantizar un plato de comida. Dejaron de recibir la mitad de sus ingresos sin aviso previo”, lamentó.
La legisladora señaló que la decisión unilateral de la Caja “partió a la comunidad policial en dos”: los jubilados provinciales continúan cobrando, mientras que los territoriales no.
La parlamentaria recordó que el 12 de noviembre abrió la Comisión 6 —sin un proyecto en tratamiento— para habilitar una mesa de buenos oficios entre:
Jubilados territoriales afectados,
El directorio de la Caja Policial,
Funcionarios del Ejecutivo provincial.
La primera reunión se desarrolló con quórum pleno y una alta participación de retirados y familiares llegados desde toda la provincia. Sin embargo, la segunda convocatoria se frustró nuevamente por la ausencia de la Caja, comunicada “instantes antes” del inicio.
“Hubo gente que vino desde Río Grande contando los pesitos para la nafta. Se prepararon, pusieron esperanzas, y otra vez los dejaron plantados. Es inadmisible”, sostuvo Gracianía.
Durante la entrevista se indicó que muchos retirados mantienen créditos con el Banco Tierra del Fuego y ya están recibiendo intimaciones por mora. Gracianía consideró este punto “gravísimo”, ya que debía discutirse precisamente en la reunión que no se concretó.
La legisladora remarcó que la Cámara aún no cuenta con información oficial sobre:
La asistencia financiera pedida por la Caja al Gobierno.
El estado real de las cuentas.
Deudas de aportes y contribuciones del Ejecutivo.
Bienes en venta para afrontar obligaciones.
Los riesgos para los jubilados provinciales en 2026.
“Hoy no pagan a los territoriales. ¿Pero el año que viene podrán pagar a todos los provinciales? ¿Qué sostiene el sistema? Nadie lo explica”, alertó.
Gracianía señaló que existen documentos previos que ya advertían sobre la situación financiera de la Caja, lo que vuelve aún más grave la falta de explicaciones oficiales.
Recordó testimonios que reflejan el nivel de deterioro social, como el de una mujer que confesó haberle dicho a su nieta que “este año no habrá Navidad” por la ausencia de ingresos.
“La familia policial dio los mejores años de su vida por esta tierra. Hoy están mendigando que les paguen lo que les corresponde”, cuestionó.
Tras dos ausencias consecutivas del organismo, la legisladora anticipó que deberán evaluar con cautela los próximos pasos:
“No podemos exponer otra vez a la gente al gasto, la decepción y el destrato. Dimos dos oportunidades. Ahora hay que pensar cómo seguir”.
Consultada sobre una posible interpelación, explicó que por tratarse de un ente autárquico la vía es jurídicamente compleja, aunque no descartó alternativas a través del ministerio correspondiente.
La legisladora cerró advirtiendo que, sin la presencia de los responsables, es imposible avanzar en reformas o medidas paliativas:
“No podemos legislar en la oscuridad ni suponer. Necesitamos respuestas oficiales para pensar cualquier modificación. Si los funcionarios no vienen, no hay forma de avanzar”.