El reloj juega en contra del oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó recién para el martes a las 11 a los presidentes de bloque para definir la conformación de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, un paso clave sin el cual no puede comenzar formalmente el debate. Si todo avanza según el esquema previsto, las discusiones arrancarían el miércoles en un plenario de comisiones y podrían extenderse hasta el viernes, con el objetivo de emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto entre el 26 y el 30 de diciembre, junto con el Presupuesto 2026.

El primer desafío del oficialismo será asegurarse mayorías en ambas comisiones. Para eso necesita ordenar a sus propios senadores y cerrar acuerdos con la UCR, el PRO y bloques provinciales, algo que no aparece garantizado. Además, busca acotar la lista de invitados a las audiencias, ya que el peronismo impulsa la exposición de más de un centenar de representantes sindicales y sociales, una estrategia destinada a dilatar el debate y empujar la discusión más allá de fin de año.

Para que la reforma avance, el Gobierno necesita al menos los tres votos del PRO, diez de la UCR y un puñado de senadores provinciales. Allí se concentran las mayores dificultades: varios de esos legisladores responden a gobernadores de origen peronista que no quieren quedar enfrentados con la CGT, como Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). En cambio, el oficialismo apuesta a sumar el respaldo de Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén), que cuentan con una senadora cada uno.

En paralelo, el peronismo —que reúne 28 senadores entre sus subbloques— trabaja para reunir siete voluntades adicionales que le permitan voltear la ley. La pulseada se da, en muchos casos, sobre los mismos legisladores a los que intenta seducir el oficialismo, lo que convierte cada voto en una negociación de alto voltaje político.

Mientras tanto, el clima en la calle suma presión al debate parlamentario. Las comisiones comenzarán a sesionar en medio de las protestas convocadas por la CGT y las CTA, que anunciaron una movilización para el jueves a las 15 en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma impulsada por el presidente Javier Milei.

El proyecto incluye cambios profundos que explican el rechazo sindical: límites al financiamiento gremial mediante la exigencia de consentimiento expreso de los trabajadores para el descuento de cuotas, sanciones severas ante bloqueos o tomas de empresas, restricciones a asambleas dentro de los lugares de trabajo, reducción de horas para delegados sindicales y la eliminación del carácter obligatorio de aportes patronales a cámaras empresarias. A esto se suman modificaciones en indemnizaciones, vacaciones y la caída de la ultraactividad de los convenios colectivos.

Con negociaciones frenéticas en los pasillos del Congreso, protestas en la calle y un calendario que no perdona, el oficialismo enfrenta una prueba clave. La reforma laboral no solo pone en juego una de las banderas centrales del Gobierno, sino también su capacidad real de construir consensos en un Senado donde cada voto vale oro.