USHUAIA.- La auditoría llevada a cabo por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) durante las jornadas del 30 de septiembre y 1° de octubre arrojó un resultado preocupante. Se detectaron desvíos en el manejo administrativo y serios riesgos en la operatoria del muelle de Ushuaia. La certificación de seguridad portuaria es una garantía fundamental de que la estación cumple con los estándares esenciales, y era otorgada por la Prefectura Naval Argentina (PNA). Este sábado, la PNA comunicó formalmente al titular de la terminal, Roberto Murcia, la determinación de retirar dicho aval, dejando al puerto sin este respaldo oficial.

El titular del puerto, Roberto Murcia, fue designado por un entendimiento político entre la vicegobernadora Mónica Urquiza y el gobernador Gustavo Melella. Esta matriz de lealtades internas ahora está seriamente cuestionada. Diversos actores señalan que la designación por motivos políticos es uno de los factores que condujo a la terminal marítima a este escenario de crisis. El desempeño deficiente de la gestión no solo afecta la imagen internacional del puerto, sino que también amenaza miles de fuentes de empleo local. En este marco, existe una preocupación fundada de que los buques decidan operar en el vecino puerto de Punta Arenas.

Entre las deficiencias encontradas se hicieron notar fallas en los protocolos de protección y en el sistema de control de accesos, lo cual compromete la protección integral de las instalaciones. Resulta llamativo que, mientras el informe de la ANPYN no recibía respuesta y las falencias continuaban sin corrección, la administración procedió a incorporar a la planta permanente a casi catorce empleados. Esta decisión demuestra una preferencia por la gestión interna de personal por encima de las urgentes advertencias técnicas.

La quita de la certificación constituye la primera etapa hacia la posibilidad de una intervención administrativa en el puerto. Incluso podría contemplarse una intervención operativa en el corto plazo si la gravedad de las fallas no se revierte. En esta coyuntura, el retiro del aval de la PNA daña gravemente la reputación del muelle fueguino y coloca al gobierno provincial bajo una intensa presión política y económica.