La propuesta, lejos de ofrecer una solución concreta, expone el profundo divorcio entre el discurso oficial y lo que efectivamente ocurrió en las aulas —cuando las hubo— durante el año. No hubo clases normales de manera sostenida, no se alcanzaron siquiera los 90 días efectivos de enseñanza plena y el Ministerio de Educación se negó reiteradamente a publicar estadísticas oficiales que transparenten el desastre educativo.

Sin embargo, López Silva afirmó que “estamos terminando la primera parte del año” y anunció un esquema de escuelas de verano que funcionaría entre el 5 de enero y el 7 de febrero. Según explicó, el objetivo sería reforzar la alfabetización tanto en nivel primario como secundario. La iniciativa, presentada como una respuesta pedagógica, fue leída por amplios sectores de la comunidad educativa como una verdadera tomada de pelo: intentar “recuperar” en pleno verano lo que no se garantizó durante todo el año lectivo.

La contradicción es evidente. El propio ministro reconoció que uno de los objetivos inmediatos es “poder tener clases normalmente durante todo el año”, una admisión implícita de que eso no ocurrió en 2025. Aun así, evitó cualquier autocrítica sobre las desobligaciones, los paros reiterados, las jornadas reducidas a una hora u hora y media y el impacto devastador que eso tuvo en las trayectorias educativas.

En sus declaraciones, López Silva también se refirió a la implementación de un “protocolo general” ante hechos de violencia en las escuelas, construido junto al gremio docente. Admitió que se trata de un esquema provisorio, todavía en elaboración, y que cada institución deberá adaptarlo según su realidad. Otro reconocimiento tácito de improvisación en un sistema educativo que cerró el año sin planificación, sin previsibilidad y sin resultados.

Mientras tanto, las imágenes de fin de año hablan por sí solas: actos escolares deslucidos, estudiantes que “llegan como pueden” al cierre del ciclo y familias que ya no esperan explicaciones, sino respuestas. En contraste, otras provincias lograron garantizar más de 180 días de clases con decisiones políticas claras que priorizaron la presencialidad y la responsabilidad institucional.

En Tierra del Fuego, la apuesta oficial parece ser otra: negar el fracaso, evitar mostrar los datos reales y vender como solución una experiencia estival que no reemplaza, ni compensa, ni repara un año entero sin educación normal.

Más que una política educativa, la propuesta de “recuperar en verano” suena a gesto desesperado para maquillar una gestión que cerró 2025 con un saldo inapelable: los chicos perdieron otro año, y el Gobierno provincial todavía se niega a hacerse cargo.