En declaraciones a FM Del Pueblo, Lapadula sostuvo que la ley anterior “era claramente restrictiva” y que impedía el desarrollo de actividades productivas viables, incluso aquellas basadas en modelos sostenibles. “No se trataba solo de salmones: la norma limitaba toda la producción de salmónidos, incluyendo la piscicultura, lo que hacía inviables proyectos locales”, explicó.

El legislador reconoció que el debate generó fuertes tensiones y posiciones enfrentadas, especialmente desde sectores ambientalistas, pero remarcó que la reforma no implica un retroceso en materia de protección ambiental. Por el contrario, señaló que se mantienen prohibiciones explícitas, como la imposibilidad de instalar salmoneras en el Canal Beagle, así como en lagos y lagunas, y que la actividad estará orientada principalmente a desarrollos en tierra mediante sistemas cerrados, como el método RAS (recirculación de agua).

Lapadula destacó que estos sistemas requieren inversiones importantes, pero ofrecen mayores garantías de control y menor impacto ambiental. En ese sentido, afirmó que el rol del Estado será clave para fiscalizar el cumplimiento de la normativa y evitar prácticas que puedan afectar los recursos naturales de la provincia.

Asimismo, subrayó que la acuicultura es una de las actividades productivas que más crece a nivel mundial y que su potencial en términos de empleo va mucho más allá de la etapa de cría. “La mayor generación de trabajo está en el agregado de valor: procesamiento, envasado, logística y comercialización. Ahí es donde Tierra del Fuego tiene una oportunidad concreta”, señaló.

El legislador también planteó la posibilidad de avanzar en el desarrollo de genética propia, producción de ovas y alevines, y provisión de insumos para otros criaderos del país, lo que permitiría posicionar a la provincia como un polo de conocimiento y producción especializada.

Finalmente, Lapadula afirmó que la ley sancionada no es un punto de llegada sino un punto de partida. “Es una herramienta perfectible. Ahora el desafío es controlar, mejorar y garantizar que el desarrollo sea sostenible. Pero cerrar la puerta a estas oportunidades sería condenar a la provincia a seguir perdiendo empleo y futuro”, concluyó.