Melisa, docente y madre de dos hijos, relató en una entrevista en FM Del Pueblo, el impacto devastador que tuvo este sistema de financiamiento en su vida. “Pedí dos millones de pesos en 2018 y hoy debo 172 millones. Ya pagué más de 17 millones y la deuda sigue creciendo”, explicó. Según detalló, si hoy tuviera que afrontar la cuota real del préstamo, debería pagar más de un millón de pesos mensuales, una cifra imposible de sostener con su salario.

La beneficiaria destacó que el único acompañamiento sostenido que recibieron a nivel provincial provino del legislador Von der Thusen, quien impulsó la ley que suspende las ejecuciones hipotecarias para quienes tomaron créditos en el Banco de Tierra del Fuego. “No es la solución definitiva, pero evita que familias pierdan su vivienda única”, aclaró. Sin embargo, advirtió que la norma no alcanza a quienes tomaron préstamos en bancos nacionales o privados, dejando afuera a una gran cantidad de afectados.

Melisa remarcó que el problema no distingue profesiones ni niveles sociales: “Somos docentes, policías, ingenieros, trabajadores que solo queríamos nuestra casa propia. Nos prometieron que la cuota no iba a superar el 25% del ingreso y eso nunca se cumplió”. También señaló que, tras la tercera cuota impaga, los bancos inician procesos de ejecución que pueden terminar en el remate de la vivienda, aun cuando se trate de la única casa familiar.

En el plano nacional, la situación es aún más crítica. El proyecto de ley que buscaba una solución integral perdió estado parlamentario este mes, y los deudores denuncian abandono político. “Necesitamos una ley nacional que revise estas deudas. No pedimos que el Estado nos regale nada, pedimos que se contemple una situación que es claramente impagable”, expresó. También cuestionó duramente la falta de respuesta del Congreso y el accionar de algunos legisladores que directamente bloquearon a los referentes del reclamo en redes sociales.

Mientras tanto, cientos de familias sobreviven gracias a medidas cautelares judiciales o prórrogas provinciales que solo estiran el problema. “Sin una ley nacional, esto es solo patear la bomba para adelante”, concluyó Melisa, quien insistió en que visibilizar el conflicto es la única herramienta para evitar que más personas pierdan su vivienda y sigan atadas de por vida a una deuda imposible de saldar.