USHUAIA.- La justicia fueguina deberá investigar una grave presentación penal que pone bajo la lupa la gestión del suelo en la capital provincial. La Asociación Bahía Encerrada formalizó una denuncia por la devastación de bosque nativo en los macizos 184 y 185, predios situados en el sector de Barrancas del Pipo. Estas tierras cuentan con una protección especial al estar catalogadas como Categoría II dentro del ordenamiento territorial, lo que prohíbe cualquier actividad de desmonte sin un riguroso proceso administrativo previo.

El foco del conflicto radica en la supuesta entrega de unos 1.600 metros cuadrados por parte del Ejecutivo Municipal a una organización vinculada políticamente con el objetivo de levantar viviendas. El documento judicial advierte que la normativa necesaria para avalar este traspaso de tierras públicas todavía no ha sido promulgada, una situación que dejaría cualquier movimiento de suelo o tala de árboles en una absoluta precariedad legal y administrativa.

Desde la entidad ambientalista recalcaron que el municipio ignoró los protocolos ambientales más básicos al tratarse de un área de bosque amarillo. Según la legislación vigente, cualquier tipo de intervención en estas zonas requiere una autorización expresa y el monitoreo directo de las autoridades de la provincia. Los denunciantes aseguran que estos trámites jamás se iniciaron, lo que representaría una violación directa a la Ley Nacional de Bosques y a las facultades de control que posee el Gobierno de Tierra del Fuego.

A pesar de estas irregularidades señaladas en el expediente, las cuadrillas ya habrían avanzado con las tareas de desmonte en el lugar. Esta situación generó una alerta inmediata debido a que el impacto sobre el ecosistema local se considera de carácter irreversible. En el escrito también se apunta contra la pasividad de los organismos de control provinciales, que habrían omitido su deber de vigilancia mientras las máquinas avanzaban sobre la vegetación protegida.

Los referentes de la organización destacaron que la maniobra carece de todo sustento jurídico ante la ausencia de una ordenanza reglamentada y la falta de estudios de impacto ambiental aprobados. Para los ambientalistas, resulta inadmisible que se proceda a la remoción de ejemplares nativos en un espacio que goza de protección legal por su valor biológico.

Este escenario se desarrolla en medio de un debate sobre la necesidad de expandir el perímetro urbano de Ushuaia. Sin embargo, los cuestionamientos de la sociedad civil sugieren que la problemática real no es la escasez de superficie, sino una deficiencia estructural en la planificación y la transparencia de las adjudicaciones. La denuncia describe un panorama donde los bosques desaparecen y los cursos de agua se ven afectados mientras las instituciones encargadas de velar por el patrimonio natural parecen desviar la atención.

La presentación judicial expone una contradicción entre las políticas de preservación y las acciones ejecutadas en el territorio. Mientras se apuran urbanizaciones sin el respaldo documental correspondiente, se posterga la defensa de los recursos naturales en favor de intereses particulares.

En definitiva, la demanda deja planteada una sospecha sobre el manejo discrecional de la tierra pública en la ciudad. El reclamo social subraya que, mientras el discurso oficial se viste de protección ambiental, la realidad en las laderas de la montaña muestra una entrega acelerada de los activos naturales para beneficio de sectores cercanos al poder de turno.