USHUAIA.- La sede del Consejo de la Magistratura fue el escenario de un acto protocolar que derivó rápidamente en una pulseada de poder. El Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, encabezó la ceremonia de asunción el pasado jueves 18 de diciembre, donde formalizó el ingreso de los nuevos representantes de los distintos estamentos que integran el organismo encargado de los concursos y los procesos de destitución en el Poder Judicial.

En esta nueva etapa se incorporaron al recinto el Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, junto a los legisladores Victoria Vuoto por el Partido Justicialista y Jorge Lechman de Somos Fueguinos. Por su parte, la representación de los matriculados quedó en manos de los doctores Alejandro Pagano Zavalía y Horacio Marcelo Castelli, quienes asumieron por los colegios de abogados de Ushuaia y Río Grande respectivamente.

La calma inicial se esfumó en cuanto el propio Martínez de Sucre puso sobre la mesa el ingreso de un oficio remitido por el Superior Tribunal de Justicia el día previo. La discusión central giró en torno a la posibilidad de habilitar la feria judicial de verano para dar tratamiento inmediato a dicho documento, una medida excepcional que requiere consenso para alterar el calendario habitual de la institución.

Durante el debate, la consejera Victoria Vuoto tomó la palabra para exigir una respuesta inmediata y solicitó formalmente una convocatoria en un plazo de 48 horas. Su postura apuntaba a resolver la cuestión con la presencia de todos los integrantes, teniendo en cuenta que los representantes de la máxima corte provincial no estuvieron presentes en esa jornada deliberativa.

Sin embargo, el cuerpo quedó dividido de manera tajante al momento de votar la moción. Aunque los consejeros Lechman y Pagano Zavalía acompañaron la propuesta de celeridad, el bloque conformado por Martínez de Sucre, el ministro Canals y el abogado Castelli optó por el rechazo, bloqueando así la posibilidad de avanzar con los plazos pretendidos por la oposición.

Este primer encuentro formal funcionó como un termómetro preciso de lo que vendrá en el corto plazo para la justicia fueguina. La falta de acuerdo para tratar temas calificados como urgentes por una parte del cuerpo expone que el funcionamiento institucional estará supeditado a las mayorías circunstanciales y a las estrategias políticas de cada sector.