La decisión fue confirmada este jueves por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien anunció que la iniciativa será tratada recién el 10 de febrero. El reconocimiento público dejó en evidencia las dificultades del Gobierno para ordenar mayorías estables en la Cámara alta, incluso después de haber obtenido dictamen de comisión.

La postergación se produjo luego de una reunión en Casa Rosada de la que participaron Bullrich, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, los ministros Diego Santilli y Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Allí se terminó de asumir una realidad que ya era visible: sin los votos necesarios, el proyecto no podía llegar al recinto antes del cierre del período ordinario.

Si bien el oficialismo logró dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, ese respaldo fue frágil. El dictamen reunió 20 firmas —11 en Presupuesto y 9 en Trabajo— aportadas por senadores libertarios, radicales, el PRO y bloques provinciales de Tucumán y Corrientes. Sin embargo, muchas de esas adhesiones fueron en disidencia parcial, lo que obliga al Gobierno a reabrir negociaciones si pretende convertir la reforma en ley.

En ese marco, Bullrich también anunció que el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero, período en el que buscará aprobar no solo la reforma laboral sino también modificaciones en la ley de Glaciares. El movimiento confirma que el oficialismo no logró imponer su agenda en el cierre del año legislativo.

El dictamen incorporó algunos cambios reclamados por pymes y bancos, como la posibilidad de que las pequeñas empresas paguen indemnizaciones en hasta 18 cuotas y la aclaración de que los salarios solo podrán abonarse en moneda nacional o extranjera, eliminando otras formas de pago. También se avanzó en limitar la ultraactividad de los convenios colectivos: se mantendrán por un año las cláusulas normativas, pero se eliminarán las obligaciones vinculadas a aportes solidarios.

Aun así, persisten fuertes cuestionamientos, especialmente sobre el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral. Varios bloques reclaman que no se solvente con recursos que hoy deben destinarse a la Anses, un punto que amenaza con trabar cualquier acuerdo definitivo.

En paralelo, el interbloque peronista volvió a denunciar irregularidades en la conformación de las comisiones. Su presidente, José Mayans, reclamó que no se respetó la representación que le corresponde —siete lugares— y que solo se le otorgaron cinco. Por ese motivo, el espacio opositor aún no integra formalmente las comisiones, aunque sí participó del plenario para rechazar el tratamiento exprés impulsado por el oficialismo.

Durante la jornada expusieron representantes de empresas, el Poder Judicial, bancos, trabajadores de plataformas digitales y el gremio Sipreba, que manifestó su rechazo a la eliminación del Estatuto del Periodista, otro de los puntos sensibles del proyecto.

El freno a la reforma laboral marca un golpe político para el Gobierno, que había presentado la iniciativa como una señal de rumbo y fortaleza. En cambio, el cierre del año legislativo lo encuentra sin los votos necesarios y obligado a recalcular su estrategia. La promesa de “cambio rápido” quedó, al menos por ahora, atrapada en la aritmética del Senado.