Mientras el Gobierno provincial celebra el traspaso de las áreas hidrocarburíferas como un avance en soberanía energética, la explicación pública del convenio aparece fragmentada, incompleta y, en algunos pasajes, defensiva, alimentando la sensación de que buena parte del acuerdo sigue siendo un misterio.
Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando la ministra no pudo precisar los montos exactos que la provincia aportó para la conformación y sostenimiento de Terra Ignis.
Si bien luego se mencionó que la Ley 1423 fijó un capital inicial de 300 millones (con 90% provincial y 10% de AREF), no hubo detalles claros sobre cómo se ejecutaron esos fondos, en qué se gastaron ni qué resultados concretos tuvieron hasta hoy.
Tratándose de una empresa estatal financiada con fondos públicos, la falta de precisión no es un detalle menor.
Castillo habló de equipos técnicos, asesoramientos y futuras asociaciones, pero no respondió con claridad si Terra Ignis puede operar por sí misma áreas hidrocarburíferas o si será apenas una administradora formal mientras terceros hacen el trabajo pesado.
La pregunta de fondo sigue abierta:
¿la empresa estatal tiene hoy capacidad técnica y operativa propia o su supervivencia depende de encontrar socios privados dispuestos a invertir?
Otro punto sensible es la falta de acceso público a la “letra chica” del convenio.
Durante la entrevista, la ministra sostuvo que todas las instancias fueron cumplidas, pero no explicó por qué no se difundieron estudios técnicos, balances, evaluaciones económicas ni proyecciones financieras completas.
La Legislatura avaló el acuerdo, pero la ciudadanía sigue sin poder conocer en detalle:
Los riesgos económicos.
Los compromisos asumidos.
Las obligaciones futuras de la provincia.
Si bien Castillo aseguró que los pasivos ambientales más costosos quedan a cargo de YPF, no respondió con precisión cuál es el pasivo económico total asociado a las áreas transferidas.
Existen estimaciones que indican que operar estos yacimientos demandaba a YPF decenas de millones de dólares anuales, una cifra que nunca fue desmentida ni confirmada oficialmente durante la entrevista.
La duda es clave:
¿la provincia recibe un activo estratégico o un problema financiero de largo plazo?
Uno de los cuestionamientos más fuertes que circula en ámbitos políticos y técnicos es que no todos los activos estratégicos fueron incluidos en el traspaso, especialmente algunos considerados altamente rentables.
La ministra no dio una explicación clara sobre por qué ciertos activos quedarían fuera del acuerdo ni cómo impacta eso en la sustentabilidad futura de Terra Ignis.
Castillo aseguró que los trabajadores directos de YPF serán absorbidos por un año y que habrá continuidad en tareas de remediación.
Sin embargo, no explicó qué ocurrirá una vez vencido ese plazo, ni cuál será el destino del empleo tercerizado en el mediano y largo plazo.
En una provincia donde el sector energético es clave para el entramado laboral, la incertidumbre persiste.
La ministra habló de capitales nacionales e internacionales interesados, pero no dio nombres, plazos ni montos de inversión estimados.
Todo el futuro del proyecto parece depender de acuerdos que todavía no existen públicamente, lo que deja a Terra Ignis en una etapa de transición cargada de interrogantes.
Finalmente, una de las grandes ausencias de la entrevista fue una proyección económica concreta:
¿Cuánto costará recuperar pozos maduros?
¿Cuánto deberá invertirse para sostener la producción?
¿En qué plazo la empresa podría ser rentable?
Nada de eso fue respondido con números, fechas ni escenarios.
El traspaso de áreas de YPF a Terra Ignis es, sin dudas, una decisión estratégica que puede marcar el rumbo energético de Tierra del Fuego. Pero la entrevista de Gabriela Castillo en FM Aire Libre dejó más dudas que certezas.
En lugar de despejar interrogantes, el Gobierno parece optar por un discurso cerrado, donde preguntar incomoda y pedir precisiones se interpreta como desconfianza.
En temas de esta magnitud, el problema no es preguntar:
el verdadero problema es no responder.
Y mientras las respuestas no aparecen, el acuerdo con YPF sigue siendo, para gran parte de la sociedad fueguina, más secreto que la fórmula de la Coca-Cola.