En declaraciones a FM Provincia, Cabral explicó que el acuerdo paritario homologado el 30 de octubre establecía un aumento salarial que debía aplicarse a todo el sistema educativo a partir del 1° de noviembre. Sin embargo, una resolución posterior del Ministerio de Educación interpretó que el incremento alcanzaba únicamente a los establecimientos de gestión estatal, excluyendo a los colegios públicos de gestión privada.

“Las leyes son claras: el sistema educativo es único y el Estado debe aportar el financiamiento correspondiente para que las instituciones privadas puedan afrontar el pago de salarios docentes. Lo que se hizo es ilegal”, sostuvo Cabral.

Según detalló, la decisión colocó a las instituciones en una situación crítica, ya que cumplieron con sus proyectos educativos durante todo el ciclo lectivo 2025, pero quedaron expuestas al reclamo de sus docentes por una medida que no generaron. Además, la exclusión impacta no solo en los salarios de noviembre y diciembre, sino también en el Sueldo Anual Complementario (SAC) y en los haberes de enero.

Desde la Cámara aseguraron haber realizado presentaciones formales y reclamos administrativos ante el Ministerio de Educación, sin obtener respuestas concretas. Cabral afirmó que incluso recibió el compromiso del ministro de elevar el tema al gobernador, algo que finalmente no ocurrió. “Evidentemente hay una decisión política e ideológica detrás de esta medida”, remarcó.

Ante la falta de solución, varias instituciones recurrieron a la Justicia mediante acciones de amparo, que ya comenzaron a ser notificadas al Gobierno provincial. “La Justicia tendrá que ordenar al Estado que cumpla con la ley, como ha sucedido otras veces frente a actos ilegales”, señaló.

Cabral recordó que la educación privada representa alrededor del 25% de la matrícula provincial, con unos 2.000 docentes y más de 11.000 alumnos en los niveles inicial, primario y secundario. En ese marco, advirtió que la situación genera incertidumbre de cara a 2026, tanto para las instituciones como para las familias.

“Si el Gobierno cree que la ley debe modificarse, el ámbito es la Legislatura. Mientras tanto, la norma está vigente y debe cumplirse. Lo que no puede hacer el Estado es incumplir sus deberes funcionales y trasladar el problema a las escuelas”, concluyó.