USHUAIA.- En el marco de la quinta sesión ordinaria celebrada en Ushuaia, el cuerpo legislativo dio luz verde a una modificación técnica de la Ley 892. La propuesta impulsada por el justicialismo pone el foco en el inciso c de la norma vigente para salvaguardar el flujo de fondos que llega a las administraciones municipales. Durante el debate, la parlamentaria María Victoria Vuoto sostuvo que cualquier alivio impositivo destinado a la empresa estatal debe ser costeado por las arcas de la Provincia y no por los recursos que pertenecen a los gobiernos locales.

La legisladora detalló ante sus pares que el nuevo contrato hidrocarburífero estipula una baja en la alícuota de regalías, la cual descendió del doce al diez por ciento. Frente a este recorte en la recaudación bruta, el asunto 518/25 eleva la participación municipal al 28 por ciento sobre el total de los ingresos por este concepto. Se trata de un movimiento contable que busca neutralizar el impacto negativo que tendría la menor recaudación en el día a día de las gestiones locales.

Esta reconfiguración del reparto funciona como un contrapeso necesario ante el cambio de manos en la operación de los yacimientos. La intención de los diputados fue equilibrar las cuentas públicas después de que el Gobierno provincial decidiera incentivar a la compañía Terra Ignis mediante una reducción de cargas. Vuoto insistió en que esta solución legal garantiza que las municipalidades no queden como rehenes de una estrategia financiera definida en los despachos de la Gobernación.

En el recinto se puso de manifiesto que el aumento del coeficiente de coparticipación sobre el volumen total de las operaciones tiene la finalidad de subsanar el bache que se generaría en las tesorerías de las ciudades. La sanción de la norma otorga una mayor previsibilidad a los intendentes para proyectar sus servicios y obras sin quedar supeditados a las variaciones del nuevo marco contractual petrolero.

Desde el bloque del PJ también remarcaron que este reordenamiento legal contribuye a sostener las fuentes de trabajo y la dinámica productiva en la región. La referente parlamentaria subrayó que la labor legislativa consiste precisamente en establecer mecanismos de equidad para que el Ejecutivo asuma sus decisiones políticas con fondos propios. De esta manera, se pretende que cada jurisdicción mantenga su autonomía financiera sin sufrir perjuicios por convenios firmados a nivel provincial.

La aprobación de estos cambios se dio en sintonía con la ratificación de la transferencia de los derechos de explotación de las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego. Con este paraguas legal, la firma Terra Ignis asume la operación por una década mientras que, en paralelo, queda garantizado el blindaje de los recursos que sostienen la actividad de los municipios fueguinos.