Lejos de tratarse de hechos aislados, las causas se originaron a partir de una sucesión de procedimientos desplegados en distintos barrios de la capital santacruceña. En todos los casos, la intervención de la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz fue clave para identificar a los sospechosos mediante el análisis de dispositivos electrónicos, redes sociales, plataformas de mensajería y sistemas de intercambio de archivos.

Uno de los primeros operativos de alto impacto se concretó en abril, cuando se logró identificar y detener al administrador de un grupo de WhatsApp que distribuía contenido de abuso sexual infantil e incorporaba menores de edad sin consentimiento. En ese procedimiento, autorizado por el Juzgado de Instrucción, se secuestraron teléfonos celulares, notebooks y consolas de videojuegos, dispositivos cada vez más utilizados para eludir controles tradicionales

La investigación alcanzó su punto más amplio en agosto, con la realización de once allanamientos simultáneos en el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, una acción coordinada que involucró a quince países y catorce provincias argentinas. En Río Gallegos, los procedimientos se llevaron adelante en zonas céntricas y barrios periféricos, con la participación de distintas áreas policiales y bajo la coordinación de fiscalías especializadas en delitos informáticos

Como resultado de esos operativos, varias personas mayores de edad —de entre 20 y 42 años— quedaron demoradas, se incautó una gran cantidad de material tecnológico y cuatro menores fueron puestos bajo resguardo judicial. En uno de los domicilios allanados, además, se detectó la presencia de estupefacientes, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal.

Las actuaciones continuaron durante los meses siguientes. En noviembre y diciembre se concretaron nuevos allanamientos a partir de reportes remitidos por organismos internacionales como el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), lo que permitió secuestrar más dispositivos y avanzar sobre causas iniciadas incluso en 2024. En uno de los procedimientos, el principal investigado fue detenido tras intentar destruir evidencia y agredir a un efectivo policial

Desde el ámbito judicial, advirtieron que la gravedad de estas causas no solo reside en los hechos investigados, sino también en la sofisticación de las herramientas digitales utilizadas por los agresores. La defensora general del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Romina Saúl, señaló que “este tipo de casos es más habitual de lo que se cree” y alertó que el peligro muchas veces se encuentra “dentro de las casas, con un celular"

Al cierre de 2025, las autoridades destacaron que si bien los allanamientos representan avances significativos en la persecución penal, también dejan al descubierto la profundidad de una problemática que atraviesa fronteras y contextos sociales. Las pericias sobre el material secuestrado continúan y podrían derivar en nuevas líneas de investigación durante el próximo año.