RIO GRANDE.- El panorama de las centrales de asistencia en Tierra del Fuego atraviesa un momento de fragilidad institucional que quedó plasmado en un informe reciente remitido al estamento parlamentario. La documentación oficial revela que tanto el 911 como el 107 operan en un escenario de saturación constante, condicionado por un equipamiento que ya cumplió su ciclo de vida útil y una dotación de agentes que no alcanza para cubrir la demanda actual de Ushuaia y Río Grande.

La respuesta de las autoridades provinciales ante el requerimiento de los legisladores se demoró ocho meses, llegando recién el pasado 27 de noviembre. Los diputados provinciales buscaban precisiones sobre las denuncias de limitaciones en la cobertura de las llamadas y la posible existencia de un plan de contingencia para mejorar el servicio, interrogantes que fueron respondidos por el titular de Protección Civil, Pedro Franco. El funcionario admitió que existen restricciones permanentes y que, ante cada caída del sistema o exceso de tráfico, deben recurrir a derivaciones hacia números telefónicos de municipios u otras instituciones para no dejar a la población sin asistencia.

Respecto a la operatividad de la línea 107, el informe ratifica que el servicio está activo en las dos ciudades principales, aunque reconoce que la estabilidad es precaria. Los problemas estructurales obligan a redireccionar llamadas de forma frecuente, lo que pone de manifiesto la imposibilidad de sostener una comunicación directa y sin fisuras. Por otra parte, el relevamiento asegura que no hay programas de modernización en marcha para el 911, a pesar de que la infraestructura edilicia y técnica requiere una reforma profunda que abarque desde el cableado hasta las salas de monitoreo.

La situación del capital humano es uno de los puntos más delicados del diagnóstico gubernamental. En la capital santacruceña solo se desempeñan ocho operadores bajo la supervisión de tres jefes de área, mientras que en la zona norte el plantel se reduce a nueve trabajadores y dos jerárquicos. Esta escasez de mano de obra provoca que los supervisores deban abandonar sus tareas de gestión para atender los teléfonos, en un marco donde se prevén aún menos operarios por el inicio de licencias y el desgaste de diversos conflictos laborales.

A la insuficiencia en la cantidad de trabajadores se suma una estructura salarial que no conforma a los agentes y un esquema de turnos que resiente la calidad de la prestación. El informe subraya además que el personal carece de acompañamiento psicológico, una herramienta necesaria para quienes enfrentan situaciones de alta tensión emocional de forma diaria. Mientras tanto, el volumen de pedidos de auxilio no cesa. Entre los meses de septiembre y noviembre, Río Grande contabilizó más de 1.300 ingresos al 107, en tanto que Ushuaia superó los 8.500 llamados, cifras que demuestran que el sistema descansa casi exclusivamente en el compromiso individual de los pocos operadores activos.