USHUAIA.- La Asociación Manekenk dio a conocer un documento donde detalla un retroceso institucional en las áreas dedicadas a la ecología, tanto en el Gobierno Provincial como en la Municipalidad de Ushuaia. Según los referentes de la ONG, esta situación compromete la ejecución de políticas de protección y vulnera el derecho de la ciudadanía a habitar un territorio sano, justo cuando los efectos del calentamiento global se vuelven más evidentes en la región.

En un panorama marcado por posturas que intentan desestimar la crisis climática, la entidad considera de extrema gravedad que el Estado reduzca sus estructuras de gestión. Para la asociación, estas determinaciones aumentan la exposición de los fueguinos ante riesgos ambientales y validan ciertos discursos que pretenden ignorar la evidencia científica sobre el estado de los ecosistemas locales.

La mayor preocupación en el orden provincial surge tras la dimisión de los funcionarios que encabezaban la Secretaría de Ambiente. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha nombrado sucesores que cuenten con el mismo rango jerárquico o la experiencia técnica necesaria para el cargo. Esta acefalía deriva en una incertidumbre que frena proyectos que estaban en marcha y debilita la capacidad de fiscalización sobre actividades productivas que impactan en la naturaleza.

En sintonía con este reclamo, la organización observó un fenómeno similar en la capital fueguina, donde se registra una merma en los equipos profesionales y la interrupción de planes territoriales. El escenario resulta complejo para una ciudad como Ushuaia, que enfrenta constantes tensiones por el crecimiento urbano y una demanda permanente sobre su entorno boscoso y sus costas.

Desde Manekenk inscribieron este proceso local dentro de una tendencia nacional de ajuste en el sector, que coincide con el impulso de proyectos extractivos y el intento de modificar normativas de protección, como ocurre con la Ley de Glaciares. En este sentido, señalaron que el debilitamiento de las dependencias locales no es un hecho fortuito, sino una política que le resta herramientas al sector público para resguardar los bienes comunes de la sociedad.

Tierra del Fuego posee entornos de gran biodiversidad, como las turberas y los bosques subantárticos, que requieren de una presencia estatal constante para su monitoreo y cuidado. La falta de organismos robustos impide que existan controles de impacto ambiental serios, programas de educación que perduren en el tiempo o instancias de participación vecinal donde se escuche a la comunidad.

La advertencia final de la asociación subraya que el desmantelamiento de estas oficinas favorece la falta de transparencia y eleva la conflictividad social por el uso de los recursos. Para los ambientalistas, retirar al Estado de su función de control representa una negligencia histórica frente a la fragilidad de los ambientes insulares.

Por último, la entidad confirmó que mantendrá su postura activa ante lo que consideran un avance sobre los derechos conquistados. El reclamo exige que se restablezcan las jerarquías institucionales de inmediato, bajo la premisa de que no es posible pensar en un desarrollo regional si se descuida el patrimonio natural que garantiza el futuro de la población.