La decisión de Carro no fue un hecho aislado ni meramente administrativo. En una nota formal elevada a la Legislatura provincial, la ahora exsíndica dejó constancia de profundos desentendimientos con la conducción de Terra Ignis, al señalar que durante los ejercicios 2024 y 2025 no pudo ejercer el control societario en los términos que establece la normativa vigente. Según remarcó, esta imposibilidad se dio en un contexto de irregularidad institucional, marcado por la falta de precisiones sobre distintos puntos sensibles vinculados al destino y administración de fondos de origen estatal, entre ellos aportes del Gobierno provincial y de la AREF, que por su naturaleza requieren máxima claridad y trazabilidad.

El planteo adquiere especial gravedad tras la última sesión de la Legislatura, donde se aprobó el nuevo esquema de funcionamiento de Terra Ignis que implica asumir un déficit estimado en 80 millones de dólares anuales, una carga de enorme magnitud para una provincia atravesada por un escenario social y económico complejo. La iniciativa fue avalada por la mayoría del cuerpo legislativo, aunque no contó con acompañamiento unánime: los legisladores Jorge Lechman, Pablo Villegas y Damián Löffler votaron en contra.

La coincidencia temporal entre la votación de este proyecto y la salida de la síndica instala un interrogante central: ¿cómo se garantizará el control y la fiscalización de una empresa estatal que amplía de manera significativa sus responsabilidades financieras, cuando el propio órgano de control interno dejó asentado que no pudo cumplir su función?

En su presentación, Carro advirtió que estas falencias no fueron desconocidas por los organismos de control. Según detalló, las irregularidades y obstáculos para ejercer la sindicatura fueron informados oportunamente a la Legislatura provincial, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Inspección General de Justicia, sin que ello derivara en correcciones sustanciales del funcionamiento societario.

Tras la aprobación del nuevo marco, la ministra Castillo, quien además integra la conducción de Terra Ignis, fue consultada públicamente sobre el impacto financiero del traspaso y el esquema de control previsto a futuro. Sin embargo, no brindó precisiones sobre cómo se absorberá el déficit, qué mecanismos de supervisión se implementarán ni cuál será la estructura de fiscalización que garantice el uso transparente de los fondos públicos.

La renuncia de la síndica deja a la empresa sin un órgano de control en funciones, profundizando las dudas en torno a la rendición de cuentas y la responsabilidad institucional. Más allá del debate político, el eje del problema se ubica en una cuestión clave para la ciudadanía: quién controla, quién audita y quién responde por decisiones que comprometen recursos públicos millonarios en una empresa estratégica para el futuro energético de Tierra del Fuego.

Lejos de cerrar el capítulo abierto en la Legislatura, la salida de Ana Constanza Carro expone un vacío institucional y refuerza la necesidad de esclarecer con urgencia el esquema de control que acompañará a un modelo de gestión ya aprobado, pero que aún carece de definiciones esenciales en materia de transparencia, fiscalización y resguardo del interés público.