El acuerdo había surgido tras un período de conflicto y medidas de fuerza, en medio de la reducción de aranceles a la importación de celulares y la fuerte caída del consumo interno. Su objetivo fue claro: evitar despidos y contener el impacto social en un entramado productivo que es central para la economía fueguina. Durante varios meses, funcionó como un dique frente a una crisis que no dio tregua.

Sin embargo, el vencimiento llega sin anuncios oficiales sobre su renovación ni definiciones concretas que brinden previsibilidad. Desde el sector gremial advierten que la falta de certezas sobre el nivel de actividad y el nuevo esquema arancelario —que terminará de eliminarse en enero— vuelve prácticamente imposible garantizar la continuidad de los puestos de trabajo una vez caído el acuerdo.

Las empresas, por su parte, reconocen que el contexto sigue siendo complejo: menor volumen de ventas, mayor competencia de productos importados y precios en baja impactaron de lleno en la planificación productiva de las plantas. Si bien se exploraron alternativas vinculadas a mejoras de productividad y eficiencia, el escenario general no muestra señales de recuperación en el corto plazo.

El Gobierno provincial intentó oficiar como articulador entre las partes, impulsando instancias de diálogo para evitar un golpe inmediato al empleo. No obstante, las gestiones no lograron un nuevo consenso antes del vencimiento del convenio, dejando abierta una situación de alta fragilidad laboral.

Así, el final de 2025 llega con un saldo preocupante para la industria fueguina: un acuerdo que logró contener el conflicto durante meses se extingue, y con él, la estabilidad de cientos de familias que dependen del sector electrónico para su sustento. La cuenta regresiva ya terminó y el impacto social de lo que viene empieza a sentirse.