USHUAIA.- La ciudad capital de Tierra del Fuego se encuentra actualmente en una situación de vulnerabilidad administrativa ante la falta de un plan integral de riesgo sísmico. Aunque desde el año 2017 rige la Ordenanza Municipal 5343, el Ejecutivo local todavía no ha concretado la microzonificación técnica que permitiría conocer el comportamiento específico de cada barrio ante un terremoto. Esta herramienta resulta fundamental para determinar la resistencia necesaria de las construcciones según las características del terreno que ocupan.

La ubicación geográfica de la capital es un factor determinante ya que se encuentra en las proximidades del Sistema de Falla Magallanes-Fagnano. Este límite de placas tectónicas fue el epicentro del histórico sismo de magnitud 8.0 ocurrido en 1949, uno de los movimientos más potentes de los que se tenga registro en la Patagonia. A este antecedente se le suma la complejidad de una urbanización que se ha extendido sobre superficies de diversa composición natural.

De acuerdo con los relevamientos de expertos en la materia, las zonas bajas del ejido urbano poseen sedimentos blandos que tienen la capacidad de potenciar las ondas de un sismo. Estos sectores son propensos a sufrir procesos de licuación, un fenómeno donde el suelo pierde su firmeza y estabilidad durante el evento. Por otro lado, las viviendas instaladas en las laderas de los cerros enfrentan el peligro de derrumbes o desplazamientos de tierra si se produjera un temblor de gran escala.

El principal problema de no contar con este mapa detallado reside en que las edificaciones actuales se diseñan bajo parámetros generales. Al no existir una distinción técnica entre un suelo firme y uno inestable, se corre el riesgo de subestimar las exigencias estructurales que requieren los edificios en las áreas más expuestas. Esta uniformidad en los criterios de construcción termina comprometiendo la seguridad de las viviendas particulares y de los edificios de servicios esenciales.

Desde el Colegio de Ingenieros de Tierra del Fuego han manifestado en reiteradas oportunidades que la provincia cuenta con el capital profesional necesario para llevar adelante estos estudios. En este sentido, recordaron que distritos con larga tradición sísmica como San Juan y Mendoza disponen de cartografías de riesgo desde hace décadas, lo cual fue determinante para minimizar daños materiales y salvar vidas. En la misma línea, la provincia de Salta se encuentra trabajando en procesos similares para actualizar sus protocolos de seguridad.

La demora en la implementación de la norma no representa solamente un olvido burocrático, sino que sitúa al Estado en una posición de responsabilidad legal ante cualquier eventualidad. Los geólogos e ingenieros coinciden en que un evento sísmico en la región no debe tomarse como una sorpresa o una fatalidad del destino, sino como un fenómeno esperable para el cual la ciudad debe estar preparada técnicamente.

Mientras tanto, el desarrollo inmobiliario de la capital continúa su marcha sin integrar esta herramienta de planificación. El crecimiento de Ushuaia sobre una de las zonas con mayor actividad tectónica del país requiere, según los especialistas, un compromiso institucional que garantice que el progreso urbano no se realice a expensas de la seguridad de sus habitantes.