La iniciativa es impulsada por la cooperativa Renacer junto a otras entidades de la economía social, y fue expuesta por Mónica Acosta, socia y referente de Renacer, en una entrevista radial en FM Provincia. Según explicó, el objetivo central es poner en funcionamiento la Ley Nacional N.º 27.218, que establece tarifas diferenciadas de servicios públicos para entidades de bien público y que cuenta con adhesión plena en la provincia a través de la Ley N.º 1478.
Acosta advirtió que las cooperativas atraviesan una situación crítica desde el punto de vista productivo y laboral. “El mercado interno está prácticamente paralizado y los costos fijos aumentan mes a mes. La luz y el agua se volvieron impagables para muchos emprendimientos”, señaló, al tiempo que alertó por la dificultad creciente para sostener las fuentes de trabajo.
La dirigente remarcó que la apertura indiscriminada de importaciones golpea de lleno a la producción fueguina, especialmente en sectores vinculados a la manufactura y la industria electrónica. En ese sentido, advirtió que la eliminación de aranceles en determinados rubros podría profundizar los despidos en los próximos meses, agravando un escenario ya complejo.
En ese marco, las cooperativas solicitaron una reunión con la ministra de Obras Públicas y Servicios, Gabriela Castillo, autoridad de aplicación del registro previsto por la normativa provincial, con el fin de avanzar en la implementación concreta del régimen tarifario y comenzar a delinear un plan de contingencia. “Las leyes existen, pero si no se aplican, no generan ningún alivio real”, sostuvo Acosta.
La referente de Renacer también planteó la necesidad de ampliar el diálogo al ámbito municipal, ya que las problemáticas varían según la actividad. Mientras algunos emprendimientos se ven más afectados por los servicios provinciales, otros enfrentan dificultades vinculadas a tasas y tributos municipales.
Además, Acosta describió un fuerte deterioro del poder adquisitivo, que impacta directamente en el consumo de productos cooperativos. “Los trabajadores que compran nuestros productos hoy tienen ingresos por debajo de la canasta de pobreza, lo que limita cualquier posibilidad de recuperación del mercado interno”, explicó.
Finalmente, subrayó el rol social que cumplen las cooperativas en la provincia, no solo como generadoras de empleo, sino también como redes de contención ante la crisis. “No pedimos privilegios, pedimos reglas claras y equidad para poder seguir produciendo y defendiendo el trabajo en Tierra del Fuego”, concluyó.