El cambio no es menor: implica actualizar la canasta de bienes y servicios, modificar el peso de cada rubro dentro del índice y adaptar el indicador a hábitos de consumo que ya no son los mismos que hace una década. En un país donde la inflación es una variable central para salarios, jubilaciones, contratos y decisiones económicas, la forma de medirla importa tanto como el dato final.
La estructura actual del IPC lleva más de siete años sin modificaciones de fondo. En ese tiempo, cambiaron los consumos, crecieron los gastos en servicios, vivienda, transporte y comunicaciones, y se redujo el peso relativo de otros rubros tradicionales.
Durante 2025, el Indec completó los desarrollos técnicos del nuevo índice y realizó pruebas internas. Tras la validación metodológica y la aprobación del Ministerio de Economía, el nuevo IPC comenzará a aplicarse con los datos de enero de 2026, que se conocerán en febrero.
Desde el organismo explican que el objetivo es mejorar la calidad estadística, alinearse con estándares internacionales y ofrecer una medición más representativa del costo de vida real.
Uno de los cambios más visibles está en las ponderaciones, es decir, en cuánto pesa cada rubro dentro del índice final.
Entre los sectores que ganan peso se destacan:
Vivienda, electricidad, gas y otros combustibles: pasa del 9,4% al 14,5% del índice.
Transporte: aumenta del 11% al 14,3%.
Comunicaciones (telefonía, internet y servicios digitales): casi duplica su incidencia, del 2,8% al 5,1%.
Estos ajustes reflejan una realidad cada vez más evidente: los servicios ocupan una porción creciente del gasto mensual de las familias.
En contrapartida, algunos rubros pierden peso relativo:
Alimentos y bebidas no alcohólicas: bajan del 26,9% al 22,7%.
Prendas de vestir y calzado: caen del 9,9% al 6,8%.
Restaurantes y hoteles: descienden del 9% al 6,6%.
Esto no significa que los alimentos o la ropa dejen de ser importantes, sino que su participación en el gasto total promedio es hoy menor que en el pasado, frente al avance de otros consumos.
El nuevo IPC se construirá a partir de ponderaciones actualizadas, basadas en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018, con ajustes técnicos para reflejar consumos más recientes.
Desde el Indec aclararon que la implementación no debería generar saltos bruscos en las cifras mensuales de inflación. De hecho, las pruebas realizadas durante 2025 arrojaron resultados muy similares a los del índice actual, aunque con una mejor capacidad para captar variaciones de precios en servicios y gastos habitacionales.
El cambio de metodología no busca “bajar” ni “subir” artificialmente la inflación, sino medirla mejor. Sin embargo, el nuevo esquema puede hacer que determinados aumentos —por ejemplo, en tarifas, alquileres o transporte— tengan mayor impacto en el índice final, mientras que subas en otros rubros incidan menos que antes.
Por eso, economistas y analistas advierten que, más allá del número, será clave leer la inflación con lupa y entender qué rubros explican cada dato mensual.
El IPC no es solo una estadística: es una referencia central para negociaciones salariales, ajustes de jubilaciones, contratos, políticas públicas y análisis económicos. En ese sentido, el Indec adelantó que habrá una etapa de difusión y explicación del nuevo índice para facilitar su comprensión entre usuarios, sindicatos, empresas y especialistas.
Diciembre de 2025: se medirá con la metodología actual (dato que se publicará en enero).
Enero de 2026: primer mes medido con la nueva fórmula.
Febrero de 2026: publicación oficial del primer IPC con el nuevo esquema.
En un país acostumbrado a convivir con la inflación, el cambio en la forma de medirla marca un punto de inflexión. No altera la realidad de los precios, pero sí la manera en que se la observa. Y, en economía, cómo se mide un problema es también parte de cómo se lo enfrenta.