La intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional dejó de ser una versión periodística para transformarse en un hecho administrativo documentado. Así lo confirma una comunicación oficial firmada por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Miguel Arreseygor, en la que se detallan los fundamentos, alcances y plazos de la intervención sobre la infraestructura portuaria fueguina.

La decisión quedó formalizada mediante la Nota NO-2025-139247837, fechada el 16 de diciembre, en la que la ANPYN invoca las facultades conferidas por el DNU N.º 3/25 y dispone el inicio del proceso de intervención administrativa del Puerto de Ushuaia. En el documento se establece un plazo improrrogable de diez (10) días para que la Dirección Provincial de Puertos ponga a disposición de la Agencia Nacional el personal afectado a la operación y administración del puerto, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa durante el período de intervención.

Sin embargo, a pesar de la claridad del texto y de la existencia de una nota formal con número de expediente, desde la Dirección Provincial de Puertos (DPP) se insiste en negar la intervención. Su presidente, Roberto Murcia, aseguró públicamente que no existe ninguna notificación oficial y calificó la situación como un intento de “avasallamiento” por parte de Nación.

Qué dice el documento oficial

En el extracto de la comunicación de la ANPYN se establece de manera explícita que, ante el riesgo de verse comprometida la seguridad y la operación del Puerto de Ushuaia, se pone en marcha una intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria.

El texto no deja lugar a interpretaciones: se intima a la autoridad portuaria provincial a poner a disposición de la Agencia Nacional, en un plazo improrrogable de 10 días, al personal afectado a la operación y administración del puerto, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa durante el proceso de intervención.

Además, se remarca que la medida busca regularizar y normalizar las condiciones de seguridad operativa y resolver el déficit de infraestructura detectado, estableciendo un plazo de 12 meses, prorrogables mediante acto fundado.

Un puerto estratégico para el país

El propio documento nacional subraya el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia para la Argentina, no solo por su conexión bioceánica y su cercanía con la Antártida, sino también por el rol que cumple en el esquema económico, logístico y geopolítico del país.

En ese sentido, la ANPYN advierte que desatender las inversiones necesarias para su desarrollo y operación diaria podría poner en riesgo el posicionamiento argentino en el escenario económico global, una afirmación que refuerza el argumento de la intervención.

La respuesta provincial: negación y advertencia judicial

Pese a la contundencia del texto, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, sostuvo en una entrevista radial que no han recibido ninguna notificación formal y que los plazos “están suspendidos” porque la Provincia solicitó la toma de vista del expediente.

Murcia negó irregularidades en el manejo de fondos y defendió la administración provincial, asegurando que los recursos cuestionados por Nación son fondos destinados a obras de infraestructura. Además, anticipó que, en caso de avanzar la intervención, el Gobierno fueguino judicializará la medida en el fuero federal.

“Quiero llevarle tranquilidad a la comunidad: el puerto sigue funcionando con normalidad”, explico en FM Aire Libre, detallando el movimiento de buques de carga, pesca y cruceros turísticos en los próximos días.

Una contradicción que abre interrogantes

La situación expone una contradicción política y administrativa de fondo: mientras Nación deja por escrito la decisión de intervenir y fija plazos concretos, la autoridad provincial niega la existencia misma del acto administrativo.

La pregunta que queda abierta es cómo puede desconocerse una intervención que cuenta con respaldo documental, firma de autoridad competente y fundamento normativo. En un contexto de creciente centralización de decisiones por parte del Gobierno nacional, el Puerto de Ushuaia se convierte así en un nuevo punto de tensión entre Nación y Provincia, con implicancias económicas, institucionales y estratégicas para Tierra del Fuego.

FUENTES: Agenda Malvinas
                  FM Aire Libre