USHUAIA.- El esquema de autarquía del puerto capitalino enfrenta un escenario de incertidumbre a raíz de una acción legal promovida por Juan Avellaneda, referente de la seccional Tierra del Fuego del Sindicato Unión del Personal Superior Ferroviario. El planteo gremial hace foco en el uso de los recursos de la Dirección Provincial de Puertos para solventar el déficit de la Obra Social del Estado Fueguino (Osef), una maniobra que podría gatillar sanciones administrativas y el desembarco de autoridades nacionales en la gestión del enclave.

Fuentes cercanas a la actividad portuaria indicaron que la problemática trasciende lo contable para insertarse en una abierta confrontación entre la gestión de Javier Milei y el Ejecutivo fueguino. Bajo esta mirada, la presión sobre la terminal sería el primer paso de un plan orientado a retomar el mando de recursos de alto valor logístico para habilitar una futura transferencia al sector privado.

En los despachos oficiales se analiza que la relevancia de Ushuaia como nexo con la Antártida lo convierte en un objetivo de gran interés para el Gobierno nacional. Esta política de intervención en activos de gran importancia ya registra antecedentes recientes en el manejo de corredores viales y plantas de generación eléctrica en otros puntos del territorio argentino.

El panorama se completa con el apoyo de ciertos sectores empresariales del rubro y de la oposición local, quienes consideran que un cambio en el mando del puerto permitiría renovar las reglas de participación privada. Para estos actores, el conflicto representa una oportunidad de restarle margen de maniobra a la administración provincial mediante el control de uno de sus motores económicos más potentes.

A pesar del ruido institucional, la actividad en los muelles mantiene su ritmo habitual sin reportar complicaciones. En plena temporada de turismo internacional, los buques antárticos operan bajo los protocolos previstos, asegurando que el flujo de pasajeros y las tareas de carga se realicen con normalidad mientras se resuelve el entuerto administrativo en las oficinas.

La génesis del expediente que hoy tramita ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) se remonta al convenio de transferencia de 1992. Aquel documento fundacional exige que la recaudación portuaria se maneje de forma estanca respecto al resto de las arcas provinciales, con el compromiso de reinvertir el dinero exclusivamente en el mantenimiento y la operatividad de la propia infraestructura.

El foco de la discordia se encendió con la vigencia de la Ley Provincial 1596, sancionada a mediados de 2025, que permitió utilizar los excedentes financieros del puerto para asistir a la OSEF durante los ejercicios 2024 y 2025. Desde la representación sindical aseguran que esta normativa pasa por alto los acuerdos con Nación y pone en peligro la capacidad técnica del puerto para encarar reparaciones de envergadura.

Tras recibir la denuncia de Avellaneda, los equipos técnicos de la ANPYN emitieron dictámenes donde advierten que el desfinanciamiento del ente podría comprometer la seguridad de las maniobras. Los especialistas resaltan que, por su ubicación bioceánica, cualquier falla en la prestación de servicios en Ushuaia tendría un impacto negativo en el posicionamiento logístico y turístico del país.

En los últimos meses, el organismo nacional exigió explicaciones al Gobierno provincial sobre el cumplimiento de las pautas financieras acordadas. Según consta en el seguimiento del caso, los descargos enviados desde la isla no habrían sido suficientes para despejar las dudas, lo que derivó en una serie de inspecciones presenciales realizadas entre septiembre y octubre pasados.

Como consecuencia de este proceso, la autoridad federal avanzó en el diseño de una intervención administrativa que tendría una vigencia inicial de un año. El objetivo declarado de esta medida es normalizar los estándares de seguridad y dar respuesta a las deudas de infraestructura detectadas, garantizando que el puerto no detenga su funcionamiento mientras dure la transición.