El convenio firmado entre el Estado Nacional y la Provincia no puede ser presentado como un acuerdo de desarrollo ni como una herramienta de planificación estratégica. Es, sin eufemismos, un salvavidas financiero de emergencia. Una medida extrema que deja al desnudo el estado real de las cuentas públicas fueguinas y el agotamiento total de las alternativas de gestión.

El anticipo solicitado está destinado exclusivamente a cubrir gastos corrientes del mes de enero de 2026. No hay inversión productiva, no hay obra pública, no hay fortalecimiento institucional. Hay caja para sobrevivir. Cuando un gobierno necesita endeudarse para sostener su funcionamiento básico, el diagnóstico es inequívoco: no hay liquidez, no hubo previsión y no existe un rumbo claro.

Deuda cara y recursos hipotecados

El mecanismo elegido agrava aún más el escenario. El adelanto devenga intereses diarios a la tasa TAMAR, una de las más altas del sistema financiero, y será cancelado mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación federal. En términos concretos, Tierra del Fuego compromete ingresos futuros antes de que ingresen a sus arcas, hipotecando los próximos meses sin resolver ninguna de las causas estructurales del colapso.

Pan para hoy, hambre para mañana.

Este acuerdo también consolida una pérdida de autonomía financiera alarmante. La Provincia queda sujeta a la supervisión y autorización del Ministerio de Economía de la Nación, con recursos ya afectados y márgenes de maniobra cada vez más estrechos. El discurso de soberanía provincial choca de frente con la realidad de una administración que depende de adelantos para no paralizarse.

Cambios forzados y un sistema en tensión

La solicitud del rescate no es un hecho aislado. Se da en un contexto marcado por renuncias en el gabinete económico, reestructuraciones de urgencia en áreas clave y una creciente incertidumbre que, según trascendidos, también alcanza al Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, aunque oficialmente nadie lo confirme.

A esto se suma la ausencia de un presupuesto aprobado, la caída sostenida de la producción hidrocarburífera, promesas incumplidas de desarrollo energético y empresas estatales sin balances públicos ni controles claros. Todos los caminos conducen al mismo punto: una gestión que improvisa, reacciona tarde y administra la emergencia como si fuera política pública.

Un límite que ya se cruzó

El rescate financiero solicitado por Melella no es una solución: es la confirmación del fracaso. La Provincia no está discutiendo cómo crecer, sino cómo evitar el colapso.