“Las provincias gobernadas por kirchneristas son las que más impuestos cobran y a las que peor les va”, expresó Caputo en redes sociales, en un mensaje directo que funcionó como respuesta política al pedido de fondos realizado por el Ejecutivo fueguino. La frase resonó con fuerza en un contexto de ajuste, recorte del gasto público y exigencia de responsabilidad fiscal por parte del Gobierno nacional.

La reacción del ministro llegó tras una serie de hechos que expusieron la gravedad de la crisis en Tierra del Fuego. En las últimas semanas de diciembre, el Gobierno provincial quedó al borde de no poder cumplir con el pago del medio aguinaldo y recurrió a un mecanismo extraordinario: solicitó a empresas del polo industrial un adelanto impositivo cercano a los 20.000 millones de pesos para cubrir compromisos inmediatos con unos 16.000 empleados estatales.

En paralelo, el entonces ministro de Economía provincial, Francisco Reynaldo Devita, confirmó públicamente que la Provincia había pedido a la Nación un anticipo financiero de 15.000 millones de pesos, reconociendo que no existía liquidez suficiente para sostener el funcionamiento básico del Estado. Pocos días después, Devita presentó su renuncia, arrastrando en su salida al secretario de Finanzas, Eduardo Ignacio Almirón Denis, y a la directora provincial de Hacienda, María de los Ángeles Vásquez, en una dimisión en bloque que dejó al área económica virtualmente acéfala.

Desde el Ministerio de Economía de la Nación sostienen que el problema no es coyuntural, sino estructural. La crítica de Caputo apunta a un modelo provincial caracterizado por alta presión impositiva, gasto rígido, dependencia permanente de transferencias nacionales y falta de reformas de fondo, un esquema que, según el Gobierno nacional, conduce inevitablemente a crisis recurrentes.

El cruce también expone un límite político. En un escenario de ajuste fiscal y ordenamiento de las cuentas públicas, la Nación busca marcar distancia de gestiones provinciales que, lejos de ordenar sus finanzas, apelan a rescates de emergencia para cubrir gastos corrientes. En ese marco, el pedido de Melella aparece como la confirmación de una administración que agotó su margen de maniobra.

Mientras el gobernador intenta recomponer el área económica con la designación de Alejandro Barrozo Marte como nuevo ministro, la advertencia desde Nación es clara: no habrá cheques en blanco ni salvatajes automáticos. El mensaje de Caputo no solo expone la crisis fueguina, sino que deja en evidencia que el tiempo de la asistencia sin condiciones llegó a su fin.