A través de un comunicado del Ministerio de Economía, el Ejecutivo informó que los Planes y Pensiones RUPE, Vejez y Tarjeta Bienestar serán depositados el martes 6 de enero, con acreditación efectiva el miércoles 7.

En tanto, los haberes de la Administración Pública, Poderes del Estado, entes, Veteranos de Guerra y Colegios Privados se depositarán el miércoles 7 de enero, con acreditación el jueves 8 de enero.

Un anuncio forzado

La confirmación llega después de que el propio Gobierno incumpliera el cronograma difundido a fines de diciembre, cuando había prometido que jubilados, pensionados y beneficiarios de planes cobrarían en los primeros días de enero. La falta de cumplimiento y la ausencia de información oficial durante varios días generaron preocupación en miles de familias que dependen exclusivamente de estos ingresos para afrontar gastos básicos.

Durante ese período, desde el Ejecutivo se intentó justificar el retraso con explicaciones informales vinculadas a “problemas administrativos” y a la acefalía generada por la renuncia en bloque de la cúpula del Ministerio de Economía. Sin embargo, el contexto general dejó en evidencia un problema más profundo: la falta de liquidez para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones del Estado.

Una crisis que no se despeja

Si bien el anuncio despeja parcialmente la incertidumbre inmediata, no resuelve el trasfondo de la situación. El atraso en los pagos se da en un escenario marcado por renuncias en el área económica, pedidos de auxilio financiero a la Nación, adelantos solicitados a empresas privadas y un Estado provincial que opera al límite de su capacidad financiera.

Para trabajadores estatales, jubilados y beneficiarios de planes, el pago llega tarde y sin garantías de previsibilidad hacia adelante. El episodio volvió a dejar en evidencia un problema de gestión y de comunicación política que golpea la confianza y confirma que la crisis de caja sigue siendo una amenaza latente.