La crisis de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) sumó en las últimas horas un nuevo y gravísimo capítulo, esta vez con nombre, apellido y una vida en juego. Florencia Ulloa, hija de un paciente oncológico derivado a Buenos Aires, realizó una dura denuncia pública contra la obra social y el Gobierno provincial, a quienes responsabiliza por demoras, cortes de prestaciones y la falta de entrega de una medicación clave para el tratamiento contra el cáncer que atraviesa su padre.

“Mi nombre es Florencia Ulloa. Soy hija de Oscar Mauricio Ulloa. Mi papá se encuentra cursando un tratamiento oncológico por linfoma. Hoy estamos viviendo una situación crítica en Buenos Aires por el accionar de OSEF”, comienza el texto difundido en redes sociales, que rápidamente generó indignación y pedidos de intervención urgente.

Según relata, el tratamiento se inició en mayo de 2025 tras una recaída de la enfermedad, luego de años de controles regulares. Sin embargo, en mayo de 2026 la familia se encontró con una situación límite: el Hospital Británico de Buenos Aires suspendió la atención porque OSEF había cortado las prestaciones por falta de pago. La respuesta fue tan abrupta como inhumana: el paciente debió cambiar de institución en pleno tratamiento oncológico.

Si bien Florencia destaca el profesionalismo y la calidad humana del Hospital Italiano —único centro al que OSEF permitió continuar la atención— el problema de fondo persiste y se agrava: autorizaciones tardías, pagos desactualizados y medicación que no llega. Hoy, en la etapa 4 del tratamiento, la situación es desesperante. Existe una indicación médica urgente para una nueva droga oncológica, formalmente autorizada, pero que no se entrega porque la obra social no actualizó el pago correspondiente.

“El tiempo corre en contra. Ya vivimos demoras de casi dos meses en tratamientos anteriores. Ahora vuelve a pasar. Juegan con la esperanza, con los tiempos y con la vida de una persona”, denuncia la hija del paciente, visiblemente agotada tras meses de peregrinar entre trámites, llamados y promesas incumplidas.

La medicación actual fue solicitada el 18 de diciembre, luego de que el esquema iniciado en agosto no diera la respuesta esperada. Desde entonces, el silencio administrativo y la inacción volvieron a imponerse. “El cáncer no entiende de trámites, de pagos demorados ni de burocracia”, remarca Florencia, en una frase que resume el drama de cientos de afiliados de OSEF.

El caso vuelve a poner en el centro de la escena la responsabilidad política del Gobierno de Tierra del Fuego, que desde hace años reconoce el colapso financiero de la obra social pero no logra —o no quiere— dar respuestas estructurales. Mientras tanto, los afiliados pagan el costo más alto: tratamientos interrumpidos, derivaciones caóticas y una incertidumbre constante que, en casos como este, puede ser mortal.

“Pedimos el apoyo de la comunidad para visibilizar esta situación, exigir una respuesta inmediata y que se garantice el acceso a la medicación que mi papá necesita de manera urgente”, concluye la publicación. El mensaje final es directo, sin eufemismos y con destinatarios claros: “RESPUESTAS. POLÍTICOS. REFERENTES”.

La pregunta ya no es administrativa ni presupuestaria. Es ética y política: ¿cuántos casos más hacen falta para que el Estado deje de mirar para otro lado mientras la salud de los fueguinos se desangra entre expedientes y deudas?