Sin metas, sin debate y con más discrecionalidad para el Ejecutivo

Ushuaia comenzará el año 2026 sin un Presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante, una situación que no responde a un bloqueo opositor ni a una crisis institucional, sino a una decisión política del oficialismo municipal, que cuenta con mayoría legislativa pero optó por no sancionar una ordenanza presupuestaria y avanzar con la reconducción automática de las partidas vigentes.

El intendente Walter Vuoto firmó el decreto que habilita la reconducción del Presupuesto 2025 para el ejercicio 2026, amparándose en los artículos 172 y 173 de la Carta Orgánica Municipal. Sin embargo, lejos de tratarse de un mecanismo excepcional frente a una emergencia, la medida aparece como una estrategia deliberada para evitar compromisos de gestión, metas explícitas y control político efectivo.

Mayoría propia, pero sin presupuesto

La Carta Orgánica Municipal es clara: el Presupuesto anual es la principal herramienta de planificación, control y rendición de cuentas del gobierno local. Allí se definen no solo los números, sino también las prioridades, objetivos y políticas públicas que el Ejecutivo se compromete a ejecutar durante el año.

En este caso, el dato político central es que el oficialismo cuenta con mayoría en el Concejo Deliberante, lo que le habría permitido aprobar el Presupuesto 2026 sin obstáculos reales. No obstante, el proyecto nunca fue llevado a una definición, ni se forzó su tratamiento ni se buscó consenso para su sanción.

La consecuencia es directa: Ushuaia no tendrá un presupuesto discutido ni aprobado por los representantes electos, pese a que el Ejecutivo tenía todas las condiciones políticas para lograrlo.

Reconducción: legal, pero funcional a la discrecionalidad

El decreto firmado por el intendente no solo reconduce el presupuesto anterior, sino que además ratifica una resolución administrativa que distribuye los créditos del ejercicio 2026 sin intervención del Concejo, y faculta a la Secretaría de Economía y Finanzas a:

• Crear, modificar o incorporar unidades de gestión de gasto.

• Reorganizar programas y responsables.

• Realizar reservas presupuestarias “cuando la situación financiera lo justifique”.

En términos políticos y administrativos, esto implica un corrimiento del poder de decisión desde el Concejo Deliberante hacia el Ejecutivo, reduciendo el control legislativo y ampliando el margen de maniobra del intendente para mover partidas, redefinir prioridades y reasignar recursos sin debate público ni aprobación formal.

Sin metas, sin compromisos y sin control

Un presupuesto aprobado obliga al Ejecutivo a cumplir metas explícitas, justificar desvíos y rendir cuentas ante el Concejo y la comunidad. La reconducción automática, en cambio, elimina ese compromiso político, ya que no hay nuevas obras, programas o políticas validadas legislativamente para 2026.

En la práctica, esto deja a la ciudad con:

• Un esquema financiero heredado de otro contexto económico.

• Sin actualización formal de prioridades.

• Sin debate público sobre el destino de los recursos.

• Con menor capacidad de control por parte de los concejales.

Una decisión política, no un accidente institucional

La falta de Presupuesto 2026 no puede explicarse como un problema técnico ni como una imposibilidad legal. Fue una elección del vuotismo, que prefirió administrar con mayor flexibilidad y menor exposición política, antes que someter su plan de gobierno al debate democrático y al control del Concejo Deliberante.

En un contexto económico complejo y con demandas crecientes de la ciudadanía, gobernar sin presupuesto aprobado no es neutral: es una forma de conducción que prioriza la discrecionalidad sobre la planificación, y el manejo cerrado de los recursos por sobre la transparencia y el control institucional.