USHUAIA.- La administración central de Tierra del Fuego optó por anular de manera completa la legislación que otorgaba la exención en el pago de servicios esenciales a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). Esta medida de fuerza legal se opone a lo que la Legislatura provincial había sancionado por mayoría durante la jornada parlamentaria del 15 de diciembre del año pasado.

El proyecto de ley que quedó trunco buscaba que la casa de altos estudios no tuviera que abonar el suministro de luz, agua corriente y el servicio de cloacas en ninguna de sus dependencias de Ushuaia y Tolhuin. La normativa también extendía este beneficio a las instalaciones que el Centro Austral de Investigaciones Científicas posee en la capital fueguina.

La determinación de dar marcha atrás con la ley fue ratificada este martes 6 de enero a través del Boletín Oficial. El decreto lleva la rúbrica de la vicegobernadora Mónica Urquiza, quien se encuentra a cargo del Ejecutivo, junto a la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, formalizando así el rechazo total a la iniciativa legislativa.

Para sustentar esta postura, el Gobierno provincial se apoyó en los informes técnicos que elevaron la Dirección Provincial de Energía y la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. Ambas dependencias manifestaron su preocupación por el impacto patrimonial que sufrirían los entes autárquicos al dejar de percibir estos ingresos sin que exista una partida de dinero que cubra ese bache financiero.

El texto del decreto especifica que la ley sancionada carece de un respaldo presupuestario real, lo que transforma la exigencia en algo imposible de cumplir para el Estado. De acuerdo con los fundamentos oficiales, avanzar con la gratuidad sin recursos asignados rompería con las pautas de responsabilidad fiscal y legalidad que deben regir sobre cualquier gasto del erario público.

Otro de los puntos de conflicto reside en que una quita total de la facturación pondría en peligro la continuidad y calidad de los servicios de energía y saneamiento para toda la población. Las autoridades advirtieron que, de no haber una compensación de fondos, los costos operativos terminarían recayendo sobre los hombros del resto de los usuarios, perjudicando las finanzas de las empresas estatales.

Finalmente, el Poder Ejecutivo explicó que no era factible realizar un veto parcial de la norma. Como el corazón de la ley era precisamente la exención impositiva y el financiamiento de la misma, el resto de los artículos no tienen peso propio para mantenerse en pie. Con este movimiento, se clausura una iniciativa que buscaba aliviar los gastos del sector universitario pero que, para el Gobierno, resulta financieramente inviable.