El problema, para muchos fueguinos, no es solo lo que dijo, sino cuándo lo dijo. La muerte del paciente ocurrió después de una cadena de advertencias públicas, reclamos y desesperación que no apareció “de un día para el otro”. Y frente a un sistema que viene en crisis desde hace años, las declaraciones suenan a reacción tardía: cuando el daño ya es irreversible.

En la entrevista en Radio Provincia, Lechman intentó enmarcar la tragedia como parte de un colapso general: sostuvo que la provincia atraviesa una crisis social y sanitaria profunda, mencionó niveles de pobreza superiores al 50% y lanzó una frase brutal para describir la situación: “Se nos muere la gente haciendo la fila esperando una cajita de Geniol”. También advirtió que la bronca social está creciendo y que “estamos poniendo leña al caldero”, con riesgo de una desgracia mayor.

Sin embargo, el planteo deja una pregunta incómoda: ¿qué hizo la Legislatura mientras OSEF se desangraba, mientras los afiliados denunciaban recortes, demoras y tratamientos trabados, mientras los hospitales cortaban prestaciones y la gente peregrinaba por medicamentos?

Porque la Legislatura no es un espectador. Es un poder del Estado. Tiene herramientas. Tiene comisiones, pedidos de informes, interpelaciones, auditorías, control presupuestario y la facultad de exigir responsabilidades políticas. Y, sobre todo, tiene sueldos y privilegios que contrastan con la realidad que describen.

El propio Lechman reconoció en la nota radial que el año pasado hubo un “parate” legislativo inexplicable, con pocas sesiones y temas clave sin tratamiento. Dijo que “a nosotros nos pagan para trabajar” y que espera que este año el Parlamento recupere su rol de control. Pero la muerte del paciente en Bs As deja al descubierto que, mientras el sistema se deterioraba, la política seguía funcionando en cámara lenta.

La crítica se extiende a todo el arco legislativo: cuando el poder se limita a “pedidos de informe” que no se responden, cuando no hay sanciones políticas, cuando no hay consecuencias reales, la responsabilidad se reparte. Y en ese escenario, declaraciones conmocionadas posteriores a una muerte suenan, para la calle, a indignación de micrófono.

Lechman apuntó contra el Ejecutivo por “no reconocer la gravedad” y por no priorizar salud y educación. Pero el mensaje vuelve como boomerang: la Legislatura también priorizó otras cosas, dejó pasar el tiempo, y recién ahora, con un fallecido, aparecen los discursos encendidos.

La muerte de Oscar Mauricio Ulloa, desnuda un sistema roto donde OSEF falla, el Gobierno parchea y la Legislatura llega tarde. Y mientras los funcionarios cobran como si gestionaran un Estado eficiente, los afiliados terminan pagando con lo único que no se recupera: la vida.