Ulloa llevaba casi un año derivado en Buenos Aires, en tratamiento por linfoma, una enfermedad que había enfrentado por primera vez en 2016. Según relataron sus allegados, la medicación requerida era urgente y había sido indicada médicamente con claridad. Sin embargo, quedó trabada en un circuito de auditorías, trámites internos y excusas administrativas que jamás se resolvieron. Mientras el expediente avanzaba de escritorio en escritorio, la salud del paciente se deterioraba día a día.

“El trámite fue eterno. Esperar, esperar y esperar. Nadie se hace responsable”, señalaron durante el escrache. La protesta se realizó luego de que el paciente falleciera durante la noche, cuando su corazón ya no resistió más. Para los manifestantes, no se trató de un hecho inevitable, sino de la consecuencia directa de un sistema que no responde cuando más se lo necesita.

La bronca también apuntó al Gobierno provincial, al que acusaron de sostener una obra social quebrada, sin control efectivo y sin prioridades claras. “OSEF es un desastre y alguien tiene que hacerse cargo. Si no, mandan una condolencia y se lavan las manos”, expresaron. El reclamo fue contundente: que haya responsables y que no vuelva a pasar.

La tragedia no terminó con la muerte. Ahora la familia enfrenta otro golpe: el alto costo del traslado del cuerpo desde Buenos Aires a Tierra del Fuego, con cifras millonarias que deben ser afrontadas mientras el dolor sigue abierto. Paradójicamente, señalaron con ironía amarga, el traslado cuesta menos que la medicación que nunca pagaron.

El escrache dejó al descubierto una realidad que muchos afiliados conocen de sobra: trámites interminables, promesas que no se cumplen y un Estado que llega siempre tarde. “Hoy le tocó a Mauricio, mañana le puede tocar a cualquiera”, advirtieron. Para quienes se manifestaron, la muerte de Oscar Mauricio Ulloa es el símbolo más crudo de un sistema sanitario colapsado, donde la burocracia terminó pesando más que la vida.