Recién después del desenlace fatal, y frente a la reacción social, comunitaria y mediática que generó el caso, apareció públicamente la presidenta de OSEF, Mariana Hruby, con una extensa gacetilla de prensa en la que intenta justificar el accionar del organismo, deslindando responsabilidades y apuntando contra médicos tratantes y medios de comunicación.

En el comunicado oficial, Hruby sostuvo que “todas las decisiones se tomaron priorizando la seguridad del paciente y con apego a los protocolos clínicos vigentes”, y aseguró que la intervención de la obra social se dio en el marco de una auditoría médica tras un cambio en la medicación oncológica indicada en diciembre pasado.

Según explicó, “esa información esencial no fue enviada en tiempo y forma, lo que activó nuestro protocolo de auditoría médica”, señalando que el fármaco solicitado “no se encuentra regulado por la ANMAT y presenta contraindicaciones severas, con una tasa de mortalidad extremadamente alta a las 24 horas de su administración”.

Sin embargo, más allá de los argumentos técnicos, el hecho concreto es que Oscar Ulloa murió esperando. La salud no puede esperar, y menos aún en pacientes oncológicos que vive con angustia y miedo cada accion burocratica que extiende los tiempo entre el pedido medico la respuesta de OSEF, donde el tiempo es un factor determinante entre la vida y la muerte.

Desde OSEF insistieron en que “en ningún momento se produjo un abandono del paciente” y que el afiliado “mantuvo sus tratamientos habituales y estuvo internado con el seguimiento correspondiente”. No obstante, la realidad que relataron familiares y allegados expone un escenario muy distinto: un afiliado sin respuestas claras, una familia desesperada por la lentitud de las respuestas en Buenos Aires y un tratamiento interrumpido.

La obra social también negó que el conflicto tuviera un trasfondo económico. “La discusión fue estrictamente clínica y no tuvo ningún componente económico”, afirmó Hruby. Aun así, el caso terminó derivando incluso en una campaña solidaria impulsada por los propios vecinos, que lograron reunir más de 5 millones y medio de pesos para que la familia pudiera regresar a Tierra del Fuego junto a los restos de “Licho”, una situación que deja en evidencia una vez más que las familias derivadas son por lo menos desamparadas a su suerte en Buenos Aires.

En otro tramo del comunicado, OSEF cuestionó el rol de los medios y advirtió sobre la difusión de información “parcial, sin verificación con las fuentes institucionales y cargada de adjetivaciones”, señalando que esto “genera un dolor adicional en familias que atraviesan momentos de extrema vulnerabilidad”.

Sin embargo, resulta al menos contradictorio que la misma institución que demoró respuestas clave durante semanas, hoy muestre una rapidez llamativa para emitir comunicados, justificar procedimientos y repartir culpas, mientras las respuestas concretas nunca llegaron a tiempo.

Las manifestaciones en la sede de OSEF Río Grande, protagonizadas por familiares y allegados tras el fallecimiento de Ulloa, no surgieron de manera espontánea. Fueron la consecuencia directa de años de reclamos acumulados, mala administración y una burocracia que parece más preocupada por los expedientes que por el tratamiento de las personas.

Finalmente, la presidenta de la obra social expresó sus condolencias: “Reconocemos el profundo dolor de la pérdida y acompañamos a la familia en este momento de duelo”. Un mensaje que, para muchos, llega tarde. Porque no alcanzan los comunicados ni las explicaciones técnicas cuando un afiliado murió esperando lo que por derecho le correspondía.

El caso de Oscar Mauricio “Licho” Ulloa no es un hecho aislado. Es el reflejo de una obra social que responde con velocidad para las excusas, pero con una lentitud inaceptable cuando se trata de cuidar la vida de sus afiliados.