USHUAIA.- La administración de Tierra del Fuego formalizó la puesta en marcha del mecanismo de reconducción presupuestaria para el ciclo económico que acaba de comenzar. Esta determinación surge como respuesta directa a la ausencia de una normativa aprobada por la Legislatura para el período 2026. El instrumento legal se apoya en las facultades otorgadas por la Constitución Provincial y las leyes de administración financiera vigentes, quedando plasmado en el Decreto 32/26 que lleva la rúbrica de la Vicegobernadora y del flamante titular de la cartera económica, Alejandro Barrozo.

La normativa establece que desde el primer día de enero rigen los lineamientos de la Ley 1580 y la Ley 1062, incluyendo las actualizaciones de créditos que estaban operativos al cierre del último diciembre. A partir de esta publicación, la cartera de Economía asume la responsabilidad de gestionar las modificaciones necesarias. En paralelo, se otorgó un plazo de 30 días para que los poderes del Estado, entes descentralizados y cajas de seguridad social entreguen sus proyecciones de inversión y planes de obras.

En términos nominales, la caja total consolidada para el presente año alcanza la suma de $2.404.802.180.886,30. El reparto principal sitúa al Poder Ejecutivo con más de 1,3 billones de pesos, seguido por el Poder Judicial con 105 mil millones y el Legislativo con aproximadamente 26 mil millones de pesos. Por su parte, los organismos de control como el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado percibirán partidas por 8 mil millones y 1,2 mil millones respectivamente.

El desglose para los entes descentralizados contempla asignaciones específicas que superan los 30 mil millones para el puerto y los 41 mil millones para la Dirección de Energía. Otros organismos como Vialidad Nacional e IPV manejarán cifras por encima de los 20 mil millones cada uno, mientras que el INFUETUR y la Agencia de Innovación recibieron partidas que oscilan entre los 4 mil y los 15 mil millones de pesos según el detalle oficial.

El área de seguridad social también tiene sus fondos definidos bajo este esquema de prórroga. La Caja de Previsión Social dispone de unos 459 mil millones de pesos, en tanto que la Obra Social del Estado Fueguino contará con un presupuesto de 178 mil millones. La estructura se completa con los fondos destinados a la caja previsional policial, que ascienden a poco más de 31 mil millones de pesos.

La decisión de avanzar con esta herramienta administrativa responde a un contexto de fuerte incertidumbre por las políticas nacionales, especialmente tras la quita de aranceles a la importación de celulares que afecta la recaudación local. Los cambios previstos en materia laboral y la caída del precio del petróleo, sumado al traspaso de las operaciones de hidrocarburos a Terra Ignis, obligan a la provincia a utilizar esta modalidad para gestionar los fondos con mayor plasticidad frente al ingreso real de divisas.