Diciembre y ahora enero repiten el mismo esquema. Cientos de trabajadores —que cumplen tareas esenciales en áreas de mantenimiento, administración, asesoramiento técnico y profesional— no perciben la totalidad de lo que establece su contrato, sin explicaciones formales y bajo la promesa, siempre incumplida, de que “el resto se pagará más adelante”.

La situación expone una realidad cada vez más cruda: estos trabajadores se han convertido en la variable de ajuste permanente del Estado provincial.

Trabajo pleno, salario recortado

Quienes están bajo el régimen de locación cumplen horarios, responsabilidades y funciones equiparables —y en muchos casos superiores— a las del personal de planta, pero con ingresos mucho más bajos, que rondan entre $650.000 y $800.000 mensuales. Aun así, deben afrontar impuestos, aportes a AREF, honorarios de contadores y gastos básicos, como cualquier trabajador independiente.

El pago parcial los deja en una situación de extrema vulnerabilidad económica. “Seguimos trabajando como si nada, pero cobramos la mitad. Nadie da la cara”, relatan desde distintas áreas del Ejecutivo.

Extorsión silenciosa y miedo a hablar

El patrón se repite: nadie reclama públicamente por miedo a perder el contrato, que muchas veces representa el único ingreso familiar. La extorsión es implícita pero efectiva: quien habla, queda afuera.

Esta precarización se agrava por prácticas habituales dentro del Estado: trabajadores por locación que son presionados para asistir a actos oficiales, actividades proselitistas o tareas extras, bajo la lógica de una “colaboración” que nunca es voluntaria.

Silencio oficial y complicidad sindical

Al igual que en noviembre, no hubo comunicación oficial que explique por qué se paga solo la mitad de los contratos ni cuándo se regularizará la situación. Tampoco se escuchan respuestas de los gremios estatales, que vuelven a mirar para otro lado, dejando a cientos de trabajadores sin representación ni defensa.

La modalidad de locación de servicios, utilizada desde hace años para cubrir funciones estructurales del Estado, vuelve a mostrar su costado más crudo: sin estabilidad, sin derechos y ahora también sin cobrar.

Una crisis que se normaliza

Lo que en octubre parecía una situación excepcional hoy se consolidó como una práctica recurrente. Tres meses seguidos cobrando la mitad del salario no es un error administrativo: es una decisión política que precariza, disciplina y silencia.

Mientras tanto, los trabajadores siguen cumpliendo sus tareas. El otro 50% sigue siendo una promesa, y la incertidumbre crece al mismo ritmo que el enojo.

La pregunta ya no es si el pago llegará, sino hasta cuándo el Estado provincial seguirá sosteniendo su funcionamiento sobre salarios impagos y trabajadores sometidos al miedo.