RIO GRANDE.- El déficit operativo de la Obra Social del Estado Fueguino traspasó los balances contables para golpear de lleno en la vida de sus beneficiarios. Durante las últimas semanas, se multiplicaron las voces de alerta de afiliados que enfrentan una parálisis en sus esquemas terapéuticos. El panorama es desalentador ya que quienes conviven con el virus de inmunodeficiencia humana no reciben sus drogas desde hace un mes, mientras que los pacientes diabéticos arrastran quince días de desabastecimiento de insulina.

La dinámica del conflicto se concentra en la logística de entrega de los medicamentos. Ante el faltante persistente en los depósitos propios de la entidad estatal, las recetas terminan en los mostradores de Autofarma, la firma privada encargada de los productos de alta complejidad. Sin embargo, en dicho comercio los pacientes se topan con una negativa sistemática producto de la abultada deuda que el organismo mantiene con el proveedor. El suministro permanecerá bajo candado mientras no se verifique una cancelación de los saldos pendientes.

En el ámbito de las enfermedades infectocontagiosas, la preocupación de los profesionales es máxima. Los especialistas remarcan que interrumpir las dosis antirretrovirales, aunque sea por un lapso breve, pone en riesgo el éxito del tratamiento al abrir la puerta a que el virus genere defensas contra la droga. El peligro clínico se mantiene latente pese a que el paciente no perciba malestares de forma inmediata. A esto se le suma el obstáculo económico de que el valor mensual de estas terapias supera el millón de pesos en el circuito comercial, una cifra imposible de costear de bolsillo.

Por otro lado, la magnitud del problema se choca con la falta de estadísticas transparentes en la provincia. En el territorio no se cuenta con un padrón público que detalle la cantidad exacta de personas que transitan la enfermedad. Los reportes de salud advierten que el universo de afectados supera largamente los registros conocidos debido a una importante tasa de personas que portan el virus sin haber accedido todavía a un diagnóstico.

La carencia de insulina profundiza la gravedad de la emergencia sanitaria en la región. Muchos pacientes llevan semanas sin poder retirar sus lapiceras o viales, lo que los expone a descompensaciones que pueden requerir internaciones de urgencia en cualquier momento. La interrupción de este tratamiento tiene consecuencias físicas que no admiten esperas ni trámites burocráticos.

El conflicto también se extiende a la atención en consultorios y centros de diagnóstico. Los usuarios de la obra social reportaron que en la Clínica San Jorge se aplica un cupo de apenas un turno por hora para esta cobertura, independientemente de la rama médica que se trate. Esta metodología de trabajo contrasta con la fluidez que tienen otros sellos de medicina privada, lo que en los hechos significa un embudo que demora estudios preventivos y el control de enfermedades de larga duración.

La tensión social aumentó tras el reciente deceso de un paciente con cáncer que habría tenido serios inconvenientes para conseguir su medicación oncológica. Si bien los pormenores del fallecimiento todavía están bajo análisis, el suceso reavivó los cuestionamientos sobre la solvencia del sistema de salud fueguino y la falta de garantías para quienes sufren patologías severas.

Hasta el momento, las autoridades de la obra social han optado por el silencio y no presentaron un cronograma de pagos ni una fecha estimativa para la normalización del servicio. En medio de este vacío de información, los afiliados continúan en una situación de incertidumbre absoluta frente a un sistema de salud que opera al límite de su capacidad.