La actualización fue aprobada mediante un esquema que modifica la forma en la que se ajustan los precios: ya no habrá aumentos anuales cerrados o anunciados con antelación, sino que las tarifas se actualizarán de forma mensual, automática y consecutiva, en función de una fórmula técnica que considera diferentes variables económicas.
Según la DPOSS, el nuevo régimen responde a la necesidad de adaptar los precios del servicio a la dinámica inflacionaria y a los costos operativos reales del organismo. Sin embargo, a diferencia de aumentos convencionales —donde se informa un porcentaje acumulado por año— este sistema no fija un porcentaje definido de incremento para todo 2026, lo que genera inquietud en los usuarios, que no pueden prever cuánto pagarán al cierre del año.
Este aumento automático se basa en un índice técnico que incorpora variables como inflación, costos de insumos y salarios. El objetivo oficial es evitar “saltos abruptos” y distribuir los ajustes de forma progresiva. No obstante, en la práctica significa que los consumos podrían encarecerse en cada factura sin que exista un porcentaje total anticipado.
Aunque el cálculo definitivo de 2026 se irá reflejando en cada factura mes a mes, el funcionamiento ya puede verse en los datos de 2025. En ese año, bajo un esquema similar de actualización, se aplicaron aumentos periódicos que se tradujeron en subas consistentes:
Enero de 2025: aumento aproximado del 3,37% en la tarifa.
Febrero de 2025: suba del 2,71%.
Marzo de 2025: incremento del 2,67%.
Si se suman solo estos tres ajustes automáticos de principios del año pasado, el crecimiento acumulado supera el 8,9% en apenas tres meses, lo que da una idea de cómo puede impactar este sistema en las boletas.
Con este nuevo régimen, los usuarios comenzarán 2026 sin certezas sobre cuál será el costo final que abonarán por los servicios esenciales de agua y saneamiento. A diferencia de aumentos tradicionalmente anunciados por decreto o resolución con cifras concretas, el método automático complica la previsión del gasto mensual en el presupuesto familiar o comercial.
Vecinos consultados manifestaron su preocupación por la falta de claridad en los incrementos y la posibilidad de que las boletas se vuelvan cada vez más altas sin una discusión pública y transparente.
Organizaciones vecinales y sectores productivos cuestionan la decisión del organismo regulador por la ausencia de un parámetro claro de aumento total y por la falta de audiencias o instancias de debate previo. Aseguran que un sistema de ajuste “técnico” y permanente termina siendo difícil de controlar socialmente.
Además, advierten que en un contexto de alta inflación y costos crecientes, la aplicación mensual de ajustes puede traducirse en una presión adicional sobre los ingresos de los hogares y las microempresas, que ya enfrentan otros aumentos de servicios básicos.
Desde la DPOSS justifican el nuevo régimen al sostener que permite mantener la sostenibilidad operativa del servicio y evitar desequilibrios financieros que terminen afectando la calidad de la prestación. Según el organismo, el sistema busca ajustar de forma ordenada los valores para reducir la incidencia de aumentos concentrados.