USHUAIA.- El Movimiento de Trabajadores y Jubilados Fueguinos formalizó ante el Parlamento provincial el ingreso de un proyecto de ley que establece un mecanismo de "goteo" para el financiamiento de la seguridad social. La propuesta legislativa apunta a instaurar un régimen de envío directo y permanente de los activos que corresponden a la Obra Social de Empleados Fueguinos (OSEF) y a la Caja de Previsión Social (CAPS).

La normativa diseñada por el sector gremial y pasivo estipula que las retenciones y contribuciones patronales a cargo del Poder Ejecutivo, los municipios, los entes descentralizados y los restantes poderes del Estado se acrediten de manera inmediata. De sancionarse la norma, el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego quedaría facultado para realizar estas operaciones de forma automática, con el fin de neutralizar cualquier tipo de manejo arbitrario o dilación en el flujo de los fondos públicos.

En la exposición de los motivos, los autores de la iniciativa subrayaron la necesidad de garantizar la previsibilidad financiera y el funcionamiento autónomo de ambas instituciones. Según argumentaron, los institutos de la seguridad social atraviesan actualmente un escenario de inestabilidad producto de los retrasos en las remesas de dinero y los incumplimientos en los que incurre el Estado provincial.

El articulado del proyecto encomienda al Banco de la Provincia la liquidación y el giro cotidiano de los importes, bajo el monitoreo de la Contaduría General y las carteras de Hacienda de las intendencias. Una vez que la norma reciba la firma del Gobernador, el sistema bancario contaría con un plazo de un mes para poner en marcha los procedimientos técnicos de transferencia directa.

Por otro lado, el texto establece sanciones administrativas estrictas para la dirigencia política y administrativa. El incumplimiento de estas obligaciones financieras será catalogado como una falta grave para aquellos funcionarios que tengan la responsabilidad de autorizar los movimientos de las cuentas públicas.

Con este cambio en la gestión del dinero, los impulsores de la medida esperan que tanto la OSEF como la Caja de Previsión logren cancelar sus compromisos en los plazos legales. La intención final es resguardar el derecho de los afiliados y jubilados del sector público, evitando que se repitan las deudas acumuladas con los prestadores de salud y los retrasos en los haberes previsionales.