USHUAIA.- La reciente localización de dos hermanos turistas en las inmediaciones de la Laguna de Domo Blanco, tras dos días de intensos rastrillajes, cerró un nuevo capítulo de emergencia en la cordillera fueguina. Si bien el operativo coordinado por la Comisión de Auxilio finalizó con los jóvenes en buen estado de salud y asistidos por profesionales médicos, el episodio disparó nuevamente la indignación por el uso de los fondos públicos. Se estima que este despliegue demandó una inversión cercana a los 60 mil dólares, una cifra que recae sobre los hombros de los contribuyentes locales debido a la falta de implementación de la normativa vigente.

La problemática radica en que, aunque la Legislatura, en 2023, a través del impulso del legislador Federico Sciurano, sancionó la Ley de Buenas Prácticas para actividades recreativas en ambientes naturales, la obligatoriedad de contar con un seguro para transitar zonas de riesgo todavía no es una realidad en los senderos. Esta herramienta legal fue diseñada específicamente para ordenar el trekking y proteger los recursos del Estado, estableciendo que quienes se aventuren en sectores peligrosos deben contar con una póliza que cubra gastos de búsqueda, evacuación y asistencia médica, tanto para los damnificados como para los rescatistas.

Costosos y peligrosos

El costo operativo de este último caso se explica por la magnitud de los recursos movilizados en Tierra Mayor. El uso de dos helicópteros, uno oficial y otro privado, representa un gasto aproximado de 10 mil dólares diarios por unidad, a lo que se suma el trabajo de más de 60 agentes de diversas instituciones como Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Gendarmería y el Club Andino. Según los registros de la Dirección de Defensa Civil, en lo que va de 2026 la frecuencia de estos incidentes ya superó los registros de la temporada previa, llegando a contabilizar hasta cuatro intervenciones en una sola jornada.

La ley que hoy permanece en una suerte de limbo administrativo contempla la creación formal de la Comisión de Auxilio y establece que el dinero recuperado a través de las aseguradoras debe destinarse al equipamiento y capacitación de las fuerzas de rescate. Sin embargo, al no exigirse activamente la cobertura a los caminantes, el engranaje estatal sigue activándose de forma gratuita para el infractor, incluso en casos donde la falta de experiencia o la negligencia son evidentes, como ocurrió con los hermanos extranjeros que iniciaron su travesía sin el conocimiento técnico necesario.

Melella, ausente

Frente a un panorama donde los rescates se vuelven cada vez más onerosos y frecuentes, la mirada se posa sobre la autoridad de aplicación del Poder Ejecutivo. La normativa es clara al señalar que aquellas personas que requieran asistencia y no posean el seguro correspondiente deberían solventar de su propio bolsillo los gastos que demande el movimiento de aeronaves y personal. Mientras la ley no pase de los papeles a la práctica en los ingresos a las sendas, el erario público continuará financiando asistencias millonarias para aventureros desprevenidos.