Publicada en mayo de 2025, la norma dispuso una baja progresiva de los aranceles de importación para bienes tecnológicos como celulares, consolas de juego, televisores y monitores, reduciéndolos gradualmente hasta su eliminación total a partir del 15 de enero de 2026. Al mismo tiempo, se redujeron los impuestos internos aplicables a estos productos, que pasaron del 19% al 9,5%, o incluso al 0% en el caso de bienes fabricados en la provincia bajo el régimen promocional de la Ley 19.640.

Desde el Poder Ejecutivo se argumenta que estas medidas buscan abaratar el acceso a la tecnología, dinamizar el consumo y alinear a la Argentina con el Arancel Externo Común del Mercosur. Sin embargo, para una provincia cuya matriz productiva históricamente se sostuvo en la fabricación local de productos electrónicos, este cambio supone un antes y un después.

Lejos de generar el impacto prometido, el único resultado concreto hasta el momento es la creciente inestabilidad laboral de miles de trabajadores fueguinos.

A casi un año del anuncio de la medida, no se verificó una baja real y sostenida en los precios de acceso a la tecnología. Celulares, televisores, consolas y otros productos electrónicos continúan vendiéndose a valores elevados en todo el país, mientras que el costo del ajuste recae exclusivamente sobre la provincia y su entramado productivo.

La promesa que no llegó al consumidor

El argumento central del Gobierno nacional para justificar la apertura importadora fue que la competencia externa permitiría reducir precios y facilitar el acceso a la tecnología. Sin embargo, en la práctica, los consumidores siguen pagando caro, sin diferencias sustanciales respecto del esquema anterior.

No hubo una reducción significativa en góndolas ni un alivio tangible para el bolsillo, lo que deja en evidencia que el sacrificio productivo impuesto a Tierra del Fuego no tuvo correlato en beneficios sociales reales. La promesa de tecnología más barata, hasta ahora, quedó en el plano discursivo.

El impacto real: incertidumbre y empleo en jaque

En contraste con la falta de resultados para el consumo, el impacto sobre la industria fue inmediato. La eliminación progresiva de las protecciones arancelarias colocó a las plantas fueguinas en una situación de competencia desigual frente a productos importados, generando suspensiones, reducción de turnos y caída en los niveles de producción.

Según estimaciones del sector, más de 7.000 puestos de trabajo directos están en riesgo a partir de este 15 de enero, sin contar los empleos indirectos vinculados a la logística, el transporte, el comercio y los servicios. Para Tierra del Fuego, este no es un dato menor: se trata del corazón de su estructura económica y social.

La consecuencia más visible es la inestabilidad permanente de miles de familias, que hoy viven sin certezas sobre la continuidad laboral, los ingresos y el futuro inmediato. Esa es, hasta ahora, la única variable que efectivamente cambió.

Un modelo productivo debilitado

La industria electrónica fueguina no solo genera empleo: sostiene el consumo interno, la recaudación local y el arraigo poblacional en una provincia estratégica. El debilitamiento de este sector implica un retroceso estructural que difícilmente pueda revertirse sin políticas activas de reconversión, inversión y protección del trabajo.

Mientras el Gobierno nacional celebra una apertura que no se traduce en precios más bajos, la provincia paga el costo social, con fábricas en alerta, trabajadores suspendidos y un clima de incertidumbre que se profundiza día a día.

El ajuste ya llegó, los beneficios no

A meses de anunciada la reforma y con su aplicación plena desde este 15 de enero, el balance es contundente: no hay tecnología más barata, pero sí hay empleo en riesgo. La inestabilidad laboral se convirtió en el único resultado cierto de una medida que prometía modernización y terminó golpeando de lleno a una de las pocas industrias consolidadas del país.

En Tierra del Fuego, el debate ya no pasa por la teoría económica, sino por una realidad concreta: 7.000 familias que hoy no saben si conservarán su trabajo, mientras el supuesto beneficio para la sociedad sigue sin aparecer.