El próximo 21 de enero, el Gobierno provincial deberá cumplir con el pago de casi 6 millones de dólares en concepto de intereses de una deuda cuya garantía son las regalías hidrocarburíferas, uno de los pocos ingresos genuinos y estratégicos con los que cuenta la provincia. Se trata del primer vencimiento en moneda extranjera que afrontará una provincia argentina en este nuevo ciclo de pagos, en un escenario macroeconómico adverso y con severas restricciones presupuestarias.

La situación encuentra a Tierra del Fuego en un estado de debilidad financiera evidente. En menos de un año, la provincia pasó de exhibir un superávit holgado a registrar un déficit financiero del 9% en relación con sus ingresos, según estimaciones del propio sector económico. El deterioro se aceleró durante el segundo semestre de 2025 y quedó expuesto de manera contundente hacia fin de año, cuando el Ejecutivo tuvo dificultades para afrontar el pago de los aguinaldos.

Para cumplir con esa obligación básica, el gobernador Gustavo Melella recurrió a medidas excepcionales: solicitó un adelanto de tasas a empresas del régimen industrial, con el que logró recaudar unos $2.300 millones, y firmó además un adelanto de coparticipación con el Gobierno nacional por $20.000 millones, fondos que ahora deberá comenzar a devolver, profundizando la presión sobre las cuentas provinciales.

En este marco, la obligación de pagar deuda en dólares aparece como un nuevo factor de riesgo, no sólo por el monto sino por el tipo de garantía comprometida. Las regalías petroleras, que sostienen parte del equilibrio fiscal fueguino, quedan ahora atadas al cumplimiento de compromisos financieros externos, reduciendo el margen de maniobra del Estado provincial.

El flamante ministro de Economía, Alejandro Barrozo, aseguró que el pago se realizará con recursos provenientes de esas regalías y con aportes del presupuesto provincial. Sin embargo, el cambio completo del gabinete económico, producido en plena crisis, lejos de llevar tranquilidad, refuerza la percepción de un inicio de año caótico, sin planificación clara y con decisiones tomadas bajo presión.

La situación fueguina no es un hecho aislado, pero sí marca un precedente. Según datos de la consultora Politikón Chaco, dirigida por Alejandro Pegoraro, durante el primer trimestre del año varias provincias deberán enfrentar vencimientos de deuda en dólares por un total estimado de USD 750 millones, en un escenario de fuerte ajuste fiscal y caída de ingresos reales.

En Tierra del Fuego, el panorama es particularmente sensible. A la crisis fiscal se suman la inestabilidad laboral, el impacto de decisiones nacionales sobre la industria fueguina y un contexto social cada vez más frágil. La combinación de endeudamiento en dólares, adelantos financieros y uso de recursos estratégicos como garantía deja al descubierto una administración provincial que inicia 2026 en una situación límite.

Más allá del cumplimiento puntual del vencimiento, el interrogante de fondo persiste: cuánto margen real le queda a Tierra del Fuego para sostener sus obligaciones sin comprometer su desarrollo, sus recursos y su estabilidad social. La respuesta, por ahora, parece tan incierta como el propio rumbo económico de la provincia.